En Baja California, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, que concentran 80 por ciento de los más de 200 mil jornaleros empleados en el norte del país, hay sólo 47 inspectores federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que entre sus funciones tienen la de certificar las condiciones de seguridad en campos agrícolas, de acuerdo con datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

En las unidades agrícolas se requiere una coordinación interinstitucional para supervisar no sólo las condiciones laborales, sino también las de vida, “porque van de la mano”, señaló Isabel Margarita Nemecio, colaboradora del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública.

La presencia de niños en los campos agrícolas es común, mencionó, porque no tienen estancias y los propios trabajadores alquilan cuarterías, pues la presencia de los menores en los surcos implica muchos riesgos.

Para la también integrante de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, los fallecimientos de hijos de jornaleros agrícolas en Sinaloa “ameritan que la Secretaría del Trabajo se pronuncie” y realice una supervisión general de las condiciones de trabajo en los campos de Sinaloa y del resto del país.

Las inspecciones laborales, opinó, no debe limitarse a buscar niños trabajando en campos agrícolas. “Está por concluir el ciclo en Sinaloa; los jornaleros se van a Zacatecas, Michoacán o Chihuahua, donde el escenario es exactamente igual”, comentó.

Los documentos de la PNT indican que en los últimos seis años la dependencia realizó mil 438 inspecciones ordinarias (las empresas son notificadas al menos 24 antes) y 4 mil 308 extraordinarias, es decir, sin aviso.

Lo anterior representa apenas 14 por ciento de las 40 mil revisiones programadas sólo en 2022 en industrias de alto riesgo como la minería, la química y la agricultura, de acuerdo con el programa anual de la STPS. Para 2023 se plantearon 42 mil supervisiones, de las cuales 250 se enfocarán en campos agrícolas.

Un particular solicitó a la dependencia el número de inspecciones realizadas a escala nacional y por entidad federativa y el número de revisiones ordinarias y extraordinarias efectuadas en el periodo 2012-2022. En respuesta, la secretaría entregó oficios en los que informa, por ejemplo, de un registro de 510 inspectores en el país.

En un reciente informe, la Auditoría Superior de la Federación detectó deficiencias en las supervisiones laborales que hizo la STPS a centros de trabajo con actividades de alto riesgo, debido a que en su mayoría no fueron preventivas, sino que se llevaron a cabo por quejas o denuncias.

Nemecio señaló que la responsabilidad corresponde a la STPS, porque debe contar con un padrón vigente que permita vigilar a los productores que hay en todo México, para que a su vez supervisen las condiciones de vida en las que se contrata a la población jornalera.