La mayoría de las operaciones mineras del país violan la legislación e incumplen con requisitos básicos ambientales. De las 249 minas que extraen oro, plata y otros metales en 79 mil 606 hectáreas, 72 por ciento carecen de permisos de descarga, 62 por ciento no tienen concesiones de líquido y 51 por ciento operan en acuíferos sin disponibilidad de agua.

Esto reporta la cartografía Minas en el territorio mexicano, elaborada por CartoCrítica y la Fundación Heinrich Böll. Fue desarrollada ante la opacidad de la minería, ya que los datos están desintegrados, inaccesibles u ocultos, se desconoce la cantidad de materiales que se extraen, los recursos minerales que hay, la superficie que cambió de uso de suelo y las operaciones de las empresas, señaló Manuel Llano de CartoCrítica.

Después de 31 años de la legislación vigente, se carece de una base de datos oficial para caracterizar la operación minera; sólo se encontraron cinco listados del Servicio Geológico Mexicano y de la Secretaría de Economía, pero la información no coincide entre ellos, no hay datos de cierres de minas, de su tamaño ni fecha del inicio de operaciones, agregó en conferencia de prensa.

A partir del trabajo desarrollado para dimensionar sólo las operaciones mineras, sin considerar las concesiones, se encontró que en el país se explotan 188 mil 320 hectáreas y hay un total de 874 minas en operación, entre carboníferas, salinas y metálicas. De estas últimas que suman 249, hay 97 a cielo abierto y 152 son subterráneas, representan más de 80 por ciento del valor y son las que generan más impacto ambiental.

El principal mineral que extraen es oro, con 114 operaciones en 33 mil hectáreas, sobre todo en Sonora, Zacatecas y Durango, pero de ellas sólo 73 tienen estudio de impacto ambiental autorizado. En total, de las que explotan metales, 95 operaciones carecen de este permiso que otorga la Semarnat. Más de 51 por ciento operan en acuíferos sin disponibilidad de agua y en acuíferos sobrexplotados, y 66 por ciento carecen de concesión de agua. Tampoco cumplen con la obligación de informar anualmente sus descargas al aire, agua y suelo en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes de la Semarnat, ya que 55 por ciento no han presentado un solo reporte en 17 años.

Manuel Llano advirtió que “dada la naturaleza potencialmente tóxica de los contaminantes asociados con la minería metálica, como el cianuro y los metales pesados, estos resultados son especialmente alarmantes”.

Cecilia Navarro, de la colectiva Cambiémosla Ya, señaló que se tratan de proyectos que operan sin todos los permisos ambientales, con impacto en territorios y a la salud, sin dejar beneficio a las comunidades, las cuales son desplazadas y “suman 31 años de conflictos sociales, ambientales y de despojo descarado de las trasnacionales”.