Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló los cambios hechos a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua y la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable, todas del Estado de Baja California, que habían sido impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Se trata de los ajustes que el gobierno de esa entidad tuvo que hacer a su regulación sobre el servicio de agua potable luego de que la propia corte invalidó una primera reforma, de julio de 2021, que traspasaba del ámbito estatal al municipal la administración de la red pública, además del drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales.

Luego de esta primera decisión de la SCJN, se emitió una nueva reforma en materia de dichos servicios, la cual fue de nuevo impugnada por la CNDH, quien argumentó una supuesta distorsión del sistema constitucional en materia de agua y saneamiento.

Sin embargo, los ministros avalaron los cambios legales, pues señalaron que no invaden la esfera de competencias de la federación, pues los congresos estatales cuentan con libre configuración sobre este tema.

Además de que el artículo 4o. de la Constitución Federal prevé, entre otros aspectos, que la protección, conservación y saneamiento de las aguas es una materia concurrente, que compete tanto a la Federación, como a los estados, los municipios y la ciudadanía.