Se pospuso para la mañana de hoy la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que ayer, a partir de las seis de la tarde, analizaría la posibilidad de reformas al funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Posposición que tiene como contexto las serias advertencias de los organismos autodenominados “de la sociedad civil” contra las eventuales traiciones de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Mediante comunicados formales y en redes sociales, membretes, dirigentes y seguidores del plan de oposición a las reformas electorales obradoristas expresaron su desazón ante la probabilidad de que los tres partidos coaligados en Va por México terminen votando junto a Morena y sus aliados para impulsar las modificaciones constitucionales que limitarían facultades del tribunal electoral para beneficiar los más pragmáticos intereses de esa partidocracia, con excepción de Movimiento Ciudadano que sigue aferrado a su estrategia de diferenciación del resto de los partidos.

En términos generales, esas “organizaciones de la sociedad civil” (que tienen agremiados compartidos y significan un intento marca Claudio X. de conjurar las tendencias de agandalle de los partidos respecto a movilizaciones como la “marea rosa”) se declaran decepcionadas al confirmar que Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano tratan de negociar privilegios y excepciones que les permitan seguir administrando las etiquetas partidistas con sentido de lucro grupal.

En el fondo, tiene pleno fundamento el adelanto de frustración que han expresado estas agrupaciones: ya antes ha habido acciones del priísmo dirigido por Alito Moreno que confirman su jabonosa disponibilidad negociable para dejar las filas “opositoras” y regresar con cierto disimulo al redil del morenismo. Momentos hubo en que, por tales infidelidades, el panista Cortés y el perredista Zambrano negaron el saludo en actos públicos al réprobo Alito.

La mayor adversidad electoral para los “civiles” tan mosqueados (Unid@s, Seguimos en Marcha, #MareaRosa, Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, Une México, Unidos por México, más lo que se acumule) reside en el hecho de que, a fin de cuentas, todo el revuelo de siglas, etiquetas y alegatos opositores podría quedar en lo sabido: nomás en el panismo, la fuerza de derechismo con consistencia tutti frutti a la que en cualquier momento pueden abandonar el priísmo oportunista de Alito y la desesperación a baja facturación, ya con los pies en el abismo, de lo que queda del PRD.

En Tamaulipas, según el reporte del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que dirige Raymundo Ramos, un juez federal difirió para el próximo miércoles la audiencia de vinculación a proceso que, a partir de las imputaciones de la Fiscalía General de la República, pretende responsabilizar sólo a cuatro soldados del asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo en febrero pasado.

La pretensión de centrar todo en cuatro subordinados dejaría fuera de juicio al capitán Elio N, supuestamente desobedecido por su personal en aquella madrugada trágica, aunque hay diversos huecos e inconsistencias en la narrativa castrense oficial frente a las posteriores declaraciones de sobrevivientes y otras evidencias que no dejan la responsabilidad únicamente en los cuatro soldados recluidos en prisión militar.

Los familiares de los ejecutados incluso demandan acción penal contra 17 elementos de la Sedena involucrados en los hechos. Y también han señalado que el juzgado federal los ha citado presencialmente en Reynosa, sin darles protección alguna a pesar de la evidente inseguridad extrema que se vive en la zona. A los militares imputados se les ha citado por vía virtual.

Y, mientras tanto, ¡hasta mañana, con Interjet ya en quiebra declarada, a pesar de que la familia Del Valle especulaba respecto a presuntas restructuraciones y vuelta al aire!

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