Santiago. David Toro Córdoba, de 19 años, se convirtió el sábado en la primera víctima fatal a manos de la policía de Carabineros, una vez que quedó vigente una ley que establece la legítima defensa privilegiada de los uniformados, permitiéndoles disparar sus armas en una circunstancia en que presumen está en riesgo su vida o la de un tercero, haciéndolos prácticamente inimputables.

De acuerdo con la versión oficial, David Toro, vecino del puerto de San Antonio, 100 kilómetros al oeste de Santiago, fue abatido luego de que, al tratar de huir de un control policiaco, arrolló con su automóvil a un carabinero que intentaba controlarlo, ante lo cual otro agente abrió fuego con una subametralladora Uzi.

La fatalidad sirvió para exponer la delgada línea roja que ahora se instala con la aplicación de la ley denominada Naín-Retamal –en memoria a dos policías asesinados en actos de servicio–, que “modifica textos legales para fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial”, y que no pocos en Chile ya denominan “gatillo fácil”, cuya aprobación ha dividido al oficialismo.

El fiscal a cargo, Fred Silva, rápidamente legitimó el accionar policiaco afirmando que de parte del ahora occiso “existió una agresión ilegítima” y “un afán de provocación”, por lo que “el medio utilizado es razonable”, y “se dispuso la libertad” del uniformado.

Álvaro Toro, padre de David, negó la versión oficial: “mi hijo, de 19 años, no andaba cometiendo delitos. Tenía ese autito que era producto de su esfuerzo y no tenía los papeles al día, así que a lo mejor eso lo asustó, pero no era para que Carabineros usara una Uzi. Luego de darle un disparo en la cara, bajaron del auto y lo remataron”, declaró al diario El Líder de San Antonio.

La controversia se instaló de inmediato, cuando la ministra del Interior, Carolina Tohá, consultada acerca de si la flamante legislación punitiva aplica en este caso, hizo declaraciones que parecieron dubitativas.

“Lo que hay que establecer en la investigación es si el disparo fue para evitar el atropellamiento o para evitar la huida. Esa es la evaluación que debe hacerse en este caso, para considerar si entra dentro de las situaciones que están previstas en la ley”, expresó Tohá.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, reaccionó de inmediato diciendo: “no me puedo referir a las declaraciones que hace una autoridad (Tohá), sobre todo de una de la que yo dependo, pero conversé personalmente con el funcionario y por los antecedentes que manejo, por parte de la investigación que se ha llevado a cabo en San Antonio, es que tiene todo mi respaldo, no solamente institucional, sino que todo el apoyo jurídico”.

“Entendemos que el uso que hizo del caño del arma fue para defender a un funcionario que se encontraba, en ese minuto, aprisionado por un auto que quería arrancar. Por lo tanto, entendemos que hubo un uso legítimo del arma para defender la integridad de su compañero que lo acompaña en ese minuto en el servicio”, subrayó.