Buenos Aires., “Hace 20 años que Cristina Fernández de Kirchner y su familia son violentadas de manera pública y sistemática por las estructuras más poderosas del país (…) no pararán hasta que la bala salga. Esto es fusilamiento mediático”, denunció la organización La Cámpora, que agrupa a la juventud del gobernante Frente de Todos (FdT), tras un programa de televisión del diario La Nación, que forma parte de los medios de comunicación que junto con los opositores y la justicia han desatado la persecución más violenta de la historia contra la vicepresidenta y ex presidenta argentina.

“Esta barbarie de Julio Saguier, dueño de La Nación y amigo de fiscales y jueces, ¿tiene un límite?”, señala el texto, y si bien se esperaba una guerra sucia de la oposición política de la coalición derechista de Juntos por el Cambio en la campaña electoral, se ha llegado a los límites de la situación.

La periodista de La Nación Laura di Marco, que acaba de escribir una biografía no autorizada sobre Fernández de Kirchner plagada de mentiras, fue entrevistada por Viviana Canosa, cuyos insultos contra la vicepresidenta y funcionarios del Ejecutivo no aceptaría ningún gobierno en el mundo.

La Cámpora sostiene que se trata de violencia, odio, humillación, hostigamiento, perversidad y crueldad, en referencia a fotografías de Florencia Kirchner, donde se le ve delgada en extremo, lo que atenta contra toda ética. Di Maco y Canosa afirmaron que Florencia padece “anorexia nerviosa por falta de madre”, e insistieron en que su delgadez es atribuible a “la falta de nutrición materna”.

Florencia, quien estudió cinematografía, terminó muy afectada en su salud luego de que fue acusada de haber firmado un documento, cuando tenía 12 años, tratando de involucrarla en una de las tantas causas falsas dirigidas a extorsionar su madre.

La joven fue atendida en Cuba, durante un tiempo en que su madre, en el gobierno del entonces presidente Maricio Macri, era el centro de las causas falsas que se acumulaban. Debía pedir permiso cada vez que visitaba a su hija, cuando no participaba en política.

La oposición ligada a EU trabaja para terminar con el partido peronista que “amenaza la seguridad estadunidense”, según dijo recién el senador republicano Ted Cruz, al solicitar al presidente Joe Biden actuar contra Fernández de Kirchner.

La imposibilidad de acabar con la ex presidenta llegó hasta el intento de asesinato, el 1º de septiembre pasado, cuando se dirigía a su casa en medio de una multitud de militantes.

La pesquisa ha quedado en manos de la jueza María Eugenia Capucheti, quien trabaja en el gobierno de Horacio Larreta, intendente de esta capital y ahora precandidato presidencial de Juntos por el Cambio.

Capucheti prácticamente detuvo la investigación cuando llegó a los autores intelectuales, la familia Caputo, muy cercana a Macri.

Además, durante el Foro Mundial de Derechos Humanos, realizado el mes pasado, reconocidos juristas locales y extranjeros denunciaron que habiendo accedido a leer el veredicto que el 6 de diciembre condenó a la vicepresidenta a 12 años de cárcel (después quedaron seis años por decisión del tribunal) y con proscripción para participar en política de por vida, no existe ninguna prueba que demuestre que hubo una asociación ilícita ni delito alguno en lo que fue la obra pública en la provincia de santa Cruz, por lo que fue condenada.

Este último acontecimiento, en el caso de Florencia Kirchner, levantó una oleada de rechazo a nivel nacional e internacional. Es la gota que derramó el vaso y llevó a la discusión sobre el proceder mafioso, como en el caso de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, quien renunció en 2017 al cargo por las amenazas a sus dos hijas, cuya dirección y teléfono publicó el diario Clarín.

Poco antes de la reunión del presidente argentino, Alberto Fernández, con su par de Estados Unidos, Joe Biden, el pasado 28 de marzo en su visita a ese país, Ted Cruz atacó nuevamente a Fernández de Kirchner al presentar una iniciativa para “investigarla y sancionarla” supuestamente por corrupción y con el objetivo de “proteger los intereses estadunidenses en la región”.

Cruz sorprendió cuando sostuvo que se le debe sancionar para “proteger los intereses” de Estados Unidos en el extranjero, como si la dirigente política más importante del país fuera una “amenaza” para la potencia imperial, argumento que ya envejeció en la senectud del capitalismo más salvaje que nunca porque no puede sostener su caída.