Ante la iniciativa que discute la Comisión de Puntos Constitucionales para proponer en el pleno de la Cámara de Diputados que se acoten las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), su magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón demandó efectuar un parlamento abierto para abrir este debate a la opinión pública.

Aseveró que “los programas sociales no son moneda de cambio por votos y tampoco lo son las acciones afirmativas”, por lo que el intento de aprobar que el tribunal electoral esté impedido para aprobar estas acciones a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, impide la igualdad para obtener una candidatura y, por tanto, un cargo público.

Al participar en la mesa de análisis del Seminario de metodologías para la observación de la justicia electoral: impacto del uso de los programas sociales que se realizó en el Tribunal Electoral del Estado de México, el magistrado presidente del TEPJF aseveró que “a golpe de sentencias y acciones afirmativas” tanto el órgano que preside como el INE han conseguido la igualdad política en el acceso a cargos públicos a favor de las mujeres, indígenas, personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual.

Por ello, alertó que impedirle al TEPJF establecer estas acciones afirmativas que han surgido ante “la omisión de los congresos estatales y federal” representaría una regresión en la igualdad política. “Esta iniciativa no puede tomarse a la ligera porque de alguna manera expresa lo que los representantes populares tienen como programa político respecto a la consolidación de los avances democráticos o las garantías para la mayor protección de los derechos fundamentales que han tenido lugar en los tribunales”, señaló.

Subrayó que el tribunal electoral, así como las autoridades electorales administrativas, tanto federales como locales, han tenido que responder “ante la omisión de los congresos estatales y federal para promover con mecanismos efectivos y no sólo con normas programáticas la igualdad en el acceso a cargos públicos, la igualdad política”, por lo que las acciones afirmativas han logrado avances para una democracia incluyente, aunque tienen una temporalidad y se agotan una vez que se celebró la elección.

El magistrado recalcó que las acciones afirmativas que ha resuelto el pleno de la sala superior han favorecido una democracia incluyente, por lo que impedirles juzgar con esta perspectiva de igualdad representaría un retroceso en la defensa de los derechos político-electorales y en la igualdad para acceder a un cargo público.