San Salvador., El Salvador culminó ayer la repatriación de siete compatriotas que murieron en el incendio en un centro de detención migratorio de Ciudad Juárez, el 27 de marzo, mientras rei-teró su exigencia para que se haga una investigación exhaustiva de esa tragedia y demandó “la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria en México”.

“Nuestro país busca un esclarecimiento de los hechos por lo cual hemos sostenido reuniones claves para dar a conocer nuestra posición” al Estado Mexicano, indicó en conferencia de prensa la vicecanciller de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal. La funcionaria informó que los cuerpos habían sido entregados a sus familiares en los departamentos de Sonsonate, Chalatenango, La Libertad y San Salvador.

Reconoció que el gobierno de México se hizo responsable de los gastos de repatriación terrestre, así como también del costo del transporte y estadía de los familiares que viajaron para identificar los cuerpos.

Por respeto a los familiares, señaló, no identificaron a las víctimas, aunque señaló que se trata de siete hombres con un rango de edad entre los 35 y 40 años. Refirió que las autoridades mexicanas publicaron los nombres de 12 de los más de tres docenas de muertos en el siniestro.

Dijo que en un principio se habló de 12 salvadoreños fallecidos, pero que luego de las investigaciones se confirmó que sólo se trataba de siete. Agregó que otros cinco fueron afectados, dos de ellos se encuentran en estado grave, y los otros tres recibieron el alta y continuaron su camino hacia Estados Unidos.

También recordó el caso de 14 salvadoreños que fueron asesinados en Tamaulipas en 2010 y el crimen de la salvadoreña Victoria Salazar hace poco más de dos años en Tulum, Quintana Roo, en el que, señaló, habrían participado varios policías.