En la administración federal avanzan los acuerdos para desaparecer al Instituto Nacional de Migración (INM) y sustituirlo por un nuevo organismo, aseguraron fuentes gubernamentales. Una salida jurídica podría incluir modificaciones legales o a través de un decreto, figura por la cual fue creado el INM en 1993 por Salinas de Gortari.

Las personas consultadas informaron que se están solicitando renuncias de directivos, especialmente de las áreas que avalaron los contratos de operación de las instalaciones del INM. La propuesta busca, entre otros, modificar el esquema de detención en las estaciones migratorias, tratar el tema desde la perspectiva de los derechos humanos y libre movilidad, y que haya un enfoque integral y transversal de todos los niveles de gobierno.

Mientras se define la ruta jurídica –con la participación de la Consejería Jurídica de la Presidencia–, se crearía una comisión intersecretarial integrada con los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), sin descartar la participación de organizaciones civiles y la Iglesia.

Por lo pronto, Francisco Garduño, comisionado del INM, se mantiene en Ciudad Juárez, Chihuahua, para atender los casos de las víctimas del incendio del 27 de marzo en una estancia del organismo.

Después de la tragedia, Adán Augusto López, titular de la Segob, afirmó que el encargado de operar el sistema migratorio es la SRE, y desde la semana pasada el logotipo de Gobernación ya no aparece en los comunicados del INM. Sin embargo, el presidente López Obrador encargó a la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, informar sobre lo ocurrido en Ciudad Juárez.

La semana pasada, tras reunirse con el Ejecutivo, el padre Alejandro Solalinde anunció la integración de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, en sustitución del INM, y se prevé que mañana regrese a Palacio Nacional.