Santiago. Con un historial de crímenes, violaciones a los derechos humanos, falsificación de pruebas y desfalco del presupuesto institucional, que destruyó la reputación de Carabineros de Chile, la crisis de inseguridad pública que padece el país le está dando la posibilidad de reposicionarse, además de desempeñar un papel clave en la suerte definitiva de la presidencia de Gabriel Boric.

El asesinato de tres policías en las últimas tres semanas desató una suerte de solidaridad con la organización, los funerales de los agentes se convirtieron en eufóricas manifestaciones de apoyo, pero también de repudio al gobierno y a los migrantes, que son vistos por parte de la sociedad chilena y por políticos populistas como los causantes de la ola de delincuencia.

Según el Informe Research Chile, la agencia policial posee 76 por ciento de credibilidad y es la segunda institución pública y de la sociedad civil que mayor confianza genera, sólo superada por bomberos.

Eso es un giro impresionante, porque en 2019, cuando tuvo lugar el estallido social, al cual el ex presidente Sebastián Piñera respondió con una represión indiscriminada a cargo de Carabineros que dejó más de 30 muertos y centenares de heridos, la confianza en la policía cayó desde más de 70 por ciento hasta 30 por ciento.

En octubre de 2020, un informe concluyó que el estallido social destruyó la credibilidad policiaca en honestidad, transparencia, empatía, respaldo y cercanía, cayendo del puesto 39 hasta el 89.

El derrumbe partió a lo menos en 2009, particularmente entre los jóvenes, víctimas habituales del acoso y/o abuso policial, según la Universidad Diego Portales.

“Junto con los medios de comunicación, Carabineros es la institución que más ha perdido la confianza de los jóvenes chilenos. En 2009, 57 por ciento de dicho sector confiaba en la institución. A finales de 2019 sólo lo hacía 10 por ciento”, dijo en un informe el año pasado.

Y agregaba que “el nivel de confianza en Carabineros ha caído por igual, independiente de los grupos socioeconómicos y la identificación política. El exceso en el uso de la fuerza en el control del orden público y los casos de corrupción dentro de Carabineros, entre otros, han afectado la confianza de los ciudadanos en la institución”.

En 2016 se destapó un caso de corrupción que involucró a 130 uniformados, incluidos generales del alto mando, que se robaron unos 40 millones de dólares del presupuesto institucional. Y en 2018 fueron sorprendidos falsificando “evidencias” para incriminar a dirigentes indígenas y también encubriendo el asesinato de un poblador mapuche baleado por la espalda. Más de un tercio de los generales fueron destituidos.

La necesidad del gobierno de contar con una policía eficiente ha adquirido un tono dramático, porque existe la percepción de que en diversas zonas, ciudades y barrios del país, es la narcodelincuencia la que controla el territorio. Y no sólo desde la oposición derechista, sino también desde sectores del oficialismo, se reclama la militarización, el estado de excepción y el toque de queda.

Con 80 por ciento de la ciudadanía identificando a la inseguridad pública como el principal problema del país, el presidente Boric asignó 40 por ciento de financiamiento adicional al gasto policiaco, llevándolo a más de 5 mil millones de dólares, en busca de torcer la percepción del supuesto poco respaldo a las policías, pues socialmente se culpa a su presidencia de laxitud e incapacidad frente a la criminalidad.

El discurso presidencial cambió significativamente y desde el “refundar” incorporado en el programa que lo llevó al poder, se trocó a expresiones como “reforma profunda”, “fortalecimiento” y “en el combate de la delincuencia, Carabineros cuenta con todo mi respaldo”. E incluso, en su urgencia por demostrar empatía, ha dicho que estará presente en algunos operativos policiales.

En tanto, la noche del sábado, en el puerto de San Antonio, a 100 kilómetros de Santiago, un carabinero disparó y mató a un automovilista que huyó de un control policial, convirtiéndose así en la primera víctima fatal de la debutante ley que establece la legítima defensa privilegiada de los uniformados y que para algunos en Chile es una suerte de normalización del “gatillo fácil”.