Como es costumbre, más tardó el presidente López Obrador en presentar a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma a la Ley Minera (28 de marzo) que la autodenominada oposición en armar escándalo y rechazar cualquier intento de modificar esa legislación, vigente desde 1992 por cortesía de Carlos Salinas de Gortari, quien todo entregó a los consorcios mineros privados en detrimento del interés nacional.

Esa supuesta oposición, que en automá-tico rechaza todo proyecto presidencial sin sa-ber de qué se trata (basta que la presente el Eje-cutivo), vocifera y se rasga las vestiduras en ca-sos como el del Tren Maya, pero guarda silencio cómplice ante la devastación e innumerables tropelías cometidas por los depredadores cuan impunes consorcios mineros privados (tres, en esencia, por la parte nacional –propiedad de Germán Larrea, la familia Bailleres y Carlos Slim– y las canadienses, por el lado foráneo).

De eso nada dice, pero para refrescarle la memoria La Jornada (Alma E. Muñoz y Enrique Méndez) lo reseña así: “cifras del gobierno federal revelan que mil 671 concesiones mineras (7 por ciento del total) se localizan dentro de 70 áreas naturales protegidas y abarcan 1.5 millones de hectáreas. Catorce de esos permisos, otorgados por el gobierno de Salinas de Gortari, a partir de la expedición de la Ley Minera de 1992, se autorizaron para igual número de núcleos de reservas naturales de la biósfera, lo que ha provocado una severa afectación”.

Se trata, agrega La Jornada, de la Sierra Gorda de Querétaro, Mariposa Monarca, El Pinacate y Gran Desierto de Altar, Los Tuxtlas, Sierra de Manantlán, Zicuirán-Infiernillo, Ría Lagartos, Chamela-Cuixmala, El Triunfo, Sierra Gorda de Guanajuato, El Vizcaíno, Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, La Encrucijada, así como Sierra del Abra Tanchipa, “de tal manera que los estados con más minas terrestres en áreas naturales protegidas son Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Coahuila, Baja California y Baja California Sur (sin olvidar Sonora).

En tanto, para minería submarina, hay 14 concesiones en los mares de Baja California Sur, Chiapas y Oaxaca”. Depredación garantizada en áreas supuestamente “protegidas” por ley, aunque para otra legislación, la de Salinas de Gortari de 1992, lo anterior es lo de menos: en su artículo 6 establece que “la exploración, explotación y beneficio de los minerales (…) son de utilidad pública” (aunque el beneficio sea privado), por lo cual “serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”, incluidas las áreas naturales protegidas.

La Secretaría de Economía (responsable de otorgar y supervisar las concesiones mineras), por medio de la Dirección General de Desarrollo Minero, reconoce que “si el lote minero se ubica total o parcialmente dentro de un área natural protegida, previo a la realización de obras y/o actividades de exploración se debe contar con autorización de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas”. Entonces, (al menos desde 1992) esta instancia gubernamental ha dado el visto bueno para que las depredadoras se sientan a sus anchas en dichas áreas. Por ello urge poner orden y sólo se logrará reformando la ley minera expedida por Salinas de Gortari (y milimétricamente respetada por los gobiernos subsiguientes) para sus amigos depredadores.

Y si la supuesta oposición adora a los corporativos mineros, van algunos datos (las cifras son del Senado de la República): de 2006 a 2018 (Calderón-Peña Nieto), la superficie de concesiones mineras sumó 21 mil millones de hectáreas; 75 por ciento de ellas a empresas extranjeras; de las 186 áreas naturales “protegidas”, 70 tienen concesiones mineras (1.5 millones de hectáreas); los daños ambientales de la minería equivalen a cerca de 40 por ciento del PIB; alrededor de 50 por ciento de los empleos en esta industria son por outsourcing; la población en los municipios productores de oro y plata tiene más pobres y pobres extremos que la media nacional, y mucho más.

Las rebanadas del pastel

Que “huirá” la inversión extranjera tras la nacionalización de 13 plantas de Iberdrola, grita esa misma “oposición”. Bueno, ¿cómo se financiaron esos inversionistas foráneos, los 44 mil millones de dólares que tanto cacarean? El 75 por ciento lo aportó la banca de desarrollo (del Estado) y las Afore (ahorro de los trabajadores), y en menor medida la banca privada. Entonces, ¿se va? Pues que se vaya.

Twitter: @cafevega