A más de tres años del arranque de la reforma laboral, que implicó la transición hacia un nuevo sistema de justicia en la materia, el abatimiento del rezago de los más de 572 mil expedientes existentes en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) es ínfimo, pues el nivel de resoluciones apenas alcanza 1 por ciento.

Por lo anterior el PRI en la Cámara de Diputados propone modificaciones legislativas que permitan desahogar, en un plazo máximo de seis años, ese retraso.

Un ejemplo del mínimo avance en la resolución de casos se refleja en el mes en que se puso en marcha la tercera etapa de la reforma en 11 entidades. Octubre de 2022 inició con 410 mil 609 juicios individuales en trámite y concluyó con 406 mil 603 asuntos, es decir, apenas se resolvieron 0.97 por ciento.

A eso se añade que 313 mil 799 de 572 mil 921 juicios individuales, radicados en 66 juntas especiales, seguían en la etapa inicial, de acuerdo con datos de la autoridad laboral, con corte octubre de 2022.

La última etapa de la reforma es la más importante y compleja, porque se incluyeron las 11 entidades que concentran la mayor conflictividad laboral, como Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México. Con la entrada en vigor de esta fase, las juntas de conciliación dejaron de recibir nuevos juicios, en busca de desahogar los expedientes en rezago.

En su conjunto, el número de asuntos atendidos en las 39 Juntas Especiales de la JFCA de esos estados representan 71 por ciento del total nacional, indica el documento oficial.

Conforme a las cifras de la JFCA, elaboradas de enero a octubre de 2022, del universo de 572 mil juicios en trámite, 45 por ciento (259 mil 168) corresponden al IMSS; 24 por ciento (134 mil 859) al sector privado; 13 por ciento (70 mil 954) a las Afores, así como 18 por ciento al Infonavit y diversos organismos descentralizados del gobierno federal, como Pemex, CFE y la extinta Luz y Fuerza del Centro.

En ese periodo, la JFCA reportó más de 68 mil asuntos atendidos, lo que representó un incremento de 5.8 por ciento en relación al mismo lapso de 2021.

La iniciativa que impulsa la diputada del PRI, Sayonara Vargas Rodríguez, advierte que si bien el gobierno estableció la obligación de presentar un plan y programa de trabajo para la conclusión de los asuntos, en la legislación no se previeron “con claridad los términos, condiciones y cronología para lograrlo, ni los medios bajo los cuales se respetarían los derechos de los trabajadores y de los usuarios”.

El tricolor propone una calendarización de metas con procesos claros, en busca de “erradicar las viejas prácticas que ocasionan la saturación del sistema y, en consecuencia, la conclusión y cierre de las juntas (falta de presupuesto, intereses creados por los usuarios, y manipulación de la justicia laboral)”.