En el Senado está listo ya el proyecto de nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por el que se unifican las normas para la resolución de conflictos entre particulares en todo el país, que el Congreso debe aprobar antes del 30 de abril en que concluye el periodo de sesiones, según el mandato de la Suprema Corte.

El máximo tribunal debió intervenir y fijar un plazo, dado el retraso en crear esa ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia de justicia cotidiana, promulgada en septiembre de 2017.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, presentó la propuesta de nuevo código en marzo que ya se discute entre las bancadas; y espera que se apruebe a la brevedad, a fin de que se vote en la Cámara de Diputados en este mes.

Se trata, explicó la senadora de Morena, de un instrumento que “será un parteaguas en la impartición de la justicia cotidiana, es decir, en todo lo referente a divorcios, herencias, adopciones, acciones colectivas y demás asuntos y conflictos familiares y civiles.

Es de gran relevancia, destacó, “expedir esta herramienta única, tolerante, democrática, como unidad y de manera pluralista”, que introduce los juicios electrónicos, además de los orales y fue elaborado por los legisladores con la participación de expertos, barras de abogados, jueces, académicos e integrantes de la sociedad civil.

La ex secretaria de Gobernación y ministra en retiro insistió en que es una reforma de gran calado, con visión de perspectiva de género y protección a la niñez y los adultos mayores, ya que en la resolución de controversias familiares, civiles y administrativas privará el criterio de no revictimizar a mujeres, menores y ancianos que hayan padecido violencia.

Detalló que en el nuevo código se asegura “el principio de mínima intervención” para niños y adolescentes que tienen que acudir a un juicio por violencia intrafamiliar, agresiones sexuales o por el divorcio de sus progenitores.

Sánchez Cordero detalló que ese Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que consta de mil 191 artículos, marcará un antes y un después en materia de justicia cotidiana, toda vez que se homologan las reglas, plazos, términos, criterios y sentencias en todas las entidades federativas.

Ello es particularmente importante, dijo, ya que la diversidad de contenidos en las normas procesales del país ha generado incertidumbre respecto de la aplicación y sentido de la justicia, toda vez que hay sentencias distintas y a veces contradictorias entre sí sobre un mismo procedimiento llevado ante dos entidades federativas.

“Por ello, surge la necesidad de establecer una misma base regulatoria que fije los elementos para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de justicia en todo el país.”