Ciudad de México. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, consideró que las instituciones públicas tienen el desafío de garantizar el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas en todo aquello que les afecta.

Al participar en las Audiencias Públicas respecto a la reforma a la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad y la creación de la Ley de Atención Integral a las Personas con Síndrome de Down, afirmó que la complejidad de las consultas no puede ser antepuesta como una razón para no realizarlas.

La discapacidad no es un padecimiento médico y a partir de la adopción del modelo social se establecerán sistemas de apoyo que reconozcan la capacidad jurídica de este sector poblacional, en lugar de establecer procedimientos para la sustitución de voluntad, afirmó.

La ombudsperson capitalina señaló los principales retos de consultas son: implementación de medidas de accesibilidad en general, registro amplio del universo de las organizaciones civiles que trabajan con personas con discapacidad y atención a las dificultades para garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Indicó que la generación de leyes especiales para discapacidades específicas atomiza el contenido de la ley general en la materia y motiva la proliferación de normativas por condición y tipo de discapacidad, sin tomar en cuenta las intersecciones.

Mencionó que, lo que diluye los esfuerzos para cambiar el paradigma general es “la imposibilidad para introducir en la sociedad la inclusión y los cambios para considerar a las personas con discapacidad dentro de la diversidad humana sujeta de todos los derechos”.