Washington. Los migrantes que entren en Estados Unidos de manera no documentada serán evaluados por agentes de asilo mientras estén bajo custodia, como parte de un experimento limitado que les dará acceso a asesoría legal, informó ayer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El nuevo plan se iniciará con un pequeño número de migrantes la próxima semana. Las autoridades indicaron que la prueba forma parte de los preparativos para cuando expire una norma relacionada con la pandemia de covid-19 que ha suspendido para muchos el derecho a pedir asilo. Está previsto que dicha regla deje de aplicarse el 11 de mayo.

Si se amplía, el nuevo proceso podría generar un cambio importante en cómo se procesa a los migrantes a su llegada a territorio estadunidense para solicitar asilo.

Funcionarios del DHS detallaron que empezarán a trabajar con un proveedor de servicios jurídicos, al cual no identificaron y que representará a los solicitantes de asilo en las investigaciones iniciales, conocidas como “entrevistas de temor fundado”.

El acceso a una representación legal será fundamental para que el plan avance, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles que no han sido anunciados públicamente.

Las entrevistas se llevarán a cabo en grandes instalaciones temporales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés) equipadas con líneas telefónicas que se utilizarán para las audiencias, según las autoridades. La política de la CBP limita la detención a 72 horas, que será el objetivo para completar las verificaciones.

El ex presidente Donald Trump introdujo la evaluación expedita mientras las personas se encontraban bajo custodia de la CBP, pero su sucesor, Joe Biden, la canceló en la primera semana de su presidencia.

Plan distinto

Funcionarios del gobierno de Biden dicen que el nuevo plan es distinto porque ofrece acceso a asesoría jurídica y requiere que las evaluaciones sean efectuadas por funcionarios de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), no por agentes de la Patrulla Fronteriza, como ocurría durante el gobierno de Trump.

En la actualidad, transcurren unas cuatro semanas antes de que se lleve a cabo una entrevista de evaluación y, si alguien no cumple con los requisitos, otras cuatro o cinco semanas para que sea transportado por aire a su país de origen, señalaron funcionarios.

La nueva táctica pretende recortar ese tiempo a menos de 72 horas, el máximo permitido para mantener a alguien detenido en una instalación de la CBP, según las políticas de la agencia.

“Este gobierno continuará examinando toda herramienta a su alcance para hacer que el procesamiento de (los casos de) asilo sea más eficiente, al tiempo que mantiene el debido proceso y otras protecciones, ya que el Congreso se niega a actuar para corregir nuestro sistema de manejo de la inmigración, el cual presenta fallas desde hace décadas”, declaró el DHS en un comunicado.

El gobierno ha realizado 2.7 millones de expulsiones de migrantes al amparo de una norma de salud pública conocida como Título 42, la cual está en vigor desde marzo de 2020 y niega el derecho consagrado en leyes estadunidenses e internacionales a solicitar asilo con el argumento de que se pretende evitar la propagación del covid-19. Está programado que el Título 42 concluya el 11 de mayo, cuando Estados Unidos suspenderá sus últimas restricciones relacionadas con el coronavirus.