Con la compra del Estado mexicano de 13 plantas de la empresa española Iberdrola, la oposición usó tres cuentos que exudan frivolidad y le permiten seguir haciendo lo que ha hecho desde hace cuatro años: esperar que el presidente Andrés Manuel López Obrador decida algo para estar en contra.

El primer embuste fue decir que no es una nacionalización porque en la operación financiera está implicado un fondo de inversión privado, además del de infraestructura, que es del gobierno. Confunden así dos cosas: la propiedad (del Estado) con el mecanismo de pago (dinero amparado en un fondo). Es como decir que cuando compras un departamento no es tuyo, sino del banco al que le pediste un préstamo o del notario al que le debes pagar la escrituración.

Varios de esos “analistas” incluso confundieron nacionalización con expropiación, alternándolas como si fueran intercambiables, sin separar el hecho de que, por ejemplo, la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas se da sin el consentimiento de los dueños extranjeros, aunque se les paga una indemnización, y la nacionalización eléctrica de López Mateos es una compra. Hubo hasta un “analista” que incluso confundió comprarse un café y una dona con “nacionalizar”. Así de chabacano.

Lo que implica nacionalizar es justo lo que hizo López Obrador en el sector eléctrico con esa compra de Iberdrola: control sobre la planeación eléctrica en el país, independientemente de la lógica de las utilidades privadas. Eso permite a la nación planear la energía que consumirán plantas como la de Tesla en el norte, pero también empezar a cobrar la luz a un puñado de grandes empresas que simularon ser de “autoabasto” para no pagar, entre ellas, los Oxxos, Kimberly Clark, Cemex, Bayer, las cervecerías y Bacardí o Apasco. Nacionalizar es no subutilizar las plantas hidroeléctricas del Estado a las que se impuso estar hasta el final de la fila del despacho porque no se les consideró “energías limpias”. Con la compra de las plantas de Iberdrola, también se cuida la red de transmisión, que se forzaba cuando la energía solar y eólica se interrumpía. Nacionalizar es priorizar la función social de un bien por encima de la propiedad o la ganancia. En sus años de bonanza en México, Iberdrola jamás invirtió en redes de transmisión o en plantas de respaldo para la intermitencia de sus plantas. Las subsidiamos todos mediante la CFE, hasta ahora.

El segundo seudoargumento es que México compró chatarra, que esas plantas que usan gas ya no son lo de hoy en Europa, y que Iberdrola es muy lista deshaciéndose de su basura. Esta chapuza entra en contradicción con la anterior porque, si la compra es del fondo de inversión privado, entonces ese fondo compró chatarra. Pero hay quienes usan los dos argumentos sin darse cuenta de que son contradictorios. Así, tampoco atienden al disparate de haber defendido esas mismas plantas hace un año, el 17 de abril de 2022, cuando los diputados de PRI, PAN, PRD y MC le negaron al país el poder decidir sobre su soberanía eléctrica. Entonces, esas mismas plantas que hoy son chatarra eran la cúspide del ambientalismo, no necesitaban gas para operar e incluso representaban esa humanidad superior que es la “iniciativa privada”, en la que el diputado Jorge Romero, del PAN, incluyó a todos los que no nos hemos dado cuenta de que somos empresarios porque estamos distraídos trabajando para los patrones: “El sector privado es la arquitecta que está poniendo su despacho, los miles de trabajadores en una maquiladora”, dijo.

Pero el núcleo del segundo seudoargumento es que Europa y Estados Unidos (esas naciones de ficción que sólo existen en la cabeza de la derecha) ya no están usando las plantas que requieren gas para funcionar, como las que México compró. Al contrario, usan carbón, el más contaminante del ciclo. Lo de hoy en la Unión Europea es quemar carbón para generar una cuarta parte de su energía. Desde el año pasado, Alemania, Francia, Holanda, España, Italia, Grecia, República Checa, Hungría y Austria decidieron aplazar la clausura de las centrales de carbón y reabrieron las que ya habían sido cerradas. En Estados Unidos, 35 por ciento de su energía se obtiene usando carbón. No existe en la realidad algo como lo que asegura la oposición: unas plantas de energía que no requieran combustibles o acero para su elaboración. Para ellos, esas mismas plantas de Iberdrola eran “limpias” cuando eran españolas, pero son chatarra caduca cuando las compra México. En su cabeza hay una empresa privada muy lista que va tomar los 6 mil millones de dólares para invertirlo en “renovables” que no existen en la realidad. Tampoco hablan de la venta que la propia Iberdrola ha hecho de sus plantas en Gran Bretaña y Estados Unidos porque tiene una deuda de 45 mil millones de euros. Enfilando la nacionalización contra el presidente López Obrador, esa oposición ha usado el término “desinvertir”, cuando de lo que se trata es de una venta.

El último cuento chino es el del magnate Claudio X. González, el patrón de la oposición mexicana, cuya empresa, Kimberly Clark, va a tener que pagar su luz: “Iberdrola se va de México porque el país no es seguro para las inversiones. Y peor aún: porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se empeñó en ponerle obstáculos políticos, trabas legales y amenazas económicas”. El año en que está escribiendo esta opinión es el mejor en siete años de inversión extranjera directa: 35 mil millones de dólares. Lo que el magnate de la sociedad civil llama obstáculos, trabas y amenazas fue el intento de aplicar la ley eléctrica, que es constitucional: evitar que nos roben a todos simulando “sociedades de autoabasto”, requiriendo que paguen la transmisión de la energía que usa las líneas de la CFE, reconocer que la energía generada mediante el agua sea considerada “limpia”. Es decir, que el Estado recobre la facultad de planear su política eléctrica en función del interés general y no de las ganancias de empresas que sólo pueden existir con la complicidad de la corrupción de los gobiernos-tapete.

Así, las tres falacias de la nacionalización (que es una compra de un privado a otro y la CFE no adquiere 55.5 por ciento del suministro nacional, que las plantas se hicieron chatarra nomás las adquirió México y que Iberdrola se fue porque se le exigió operar dentro de la ley) describen a una oposición que requiere esperar a que el Presidente decida algo para posicionarse en contra. Aunque sea con puros cuentos.