Santiago. La muerte a manos de delincuentes de tres policías en las últimas tres semanas en Chile, cual cruda representación del grado de criminalidad e inseguridad que prevalece, provocaron que la agenda política se vuelque a cómo enfrentar la violencia en las calles, cuya magnitud, de momento incontrolable, tiene arrinconado al gobierno de Gabriel Boric.

Apenas antenoche, otro carabinero recibió una cuchillada en el rostro cuando acudió a atender una riña familiar, mientras un agente de la Policía de Investigaciones fue baleado en un brazo al ser asaltado.

El presidente, que hace un año asumió la conducción del país sudamericano con la promesa de reformas estructurales en impuestos, pensiones, salud, modelo de desarrollo, reformulación de las policías, etcétera, ha debido ir modificando su programa al punto que todo parece concentrarse en cómo atajar el empuje de la delincuencia que se ha apoderado de calles y barrios.

La más reciente expresión de ello es la petición que lanzó el gobernante anteayer, en plena conmoción por el más reciente asesinato de un agente policial –cuyos dos supuestos autores venezolanos siguen prófugos–, para que oficialismo y oposición asuman una tregua en la disputa política que protagonizan a diario, habitualmente patética y ramplona, y consensuar leyes que acuerpen la seguridad pública.

Al tiempo que anunciaba un incremento de 40 por ciento –mil 500 millones de dólares– en el presupuesto policial, Boric apelaba al argumento de la unidad nacional.

“No hay izquierdas ni derechas. Estamos en esta cruzada todos unidos. Nos hacemos responsables todos. El crimen y la delincuencia tienen claro que su principal adversario es un Chile en unidad. Por eso están tratando permanentemente de dividirnos, de corromper las instituciones, de sembrar la desconfianza”, declaró.

“Respecto a las legítimas diferencias políticas, no vamos a dejar de trabajar para proveer de seguridad a las familias: seguridad ciudadana, social y económica. Si somos capaces de sostener y ampliar esta unidad, los días del crimen están contados. Es importante desarmar a los criminales, quitarles su poder de fuego, vamos a limpiar de armas nuestros barrios”, agregó.

Boric se reunió luego con dirigentes de 20 colectividades políticas, cita en la cual “hizo un llamado a la tregua, a entender que podemos entrar a trabajar en aquellos aspectos que se requiere reparar, que podemos ‘rascar donde pica’ y no solamente caer en frases grandilocuentes en ataque al que está en frente, en guerra de cuñas (declaraciones)”, explicó la ministra secretaria General de Gobierno (portavoz), Camila Vallejo.

Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social (partido de Boric) dijo que “el llamado a tregua es necesario para avanzar en una política de Estado, no en una política de trincheras, y desde ahí sacamos algunos acuerdos: avanzar en el Ministerio de Seguridad Pública, en la defensoría de las víctimas y la ley de control de armas”.

El oficialismo, cuyas dos coaliciones (Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático) están divididas y disputando públicamente visiones distintas acerca del tratamiento de la delincuencia, enfrenta la exigencia derechista y de decenas de alcaldes para que militarice e imponga el estado de excepción en aquellos municipios donde el crimen organizado campea a sus anchas.

Al respecto, la ministra del Interior y de Seguridad Pública, Carolina Tohá, dijo que el gobierno no renuncia a emplear cualesquiera de las herramientas legales de las que dispone.

Marco Moreno, analista político de la Universidad Central, opinó: “eso significaría escalar en el clima de miedo que puede instalarse en la ciudadanía; no estamos en condición de escalar en el conflicto decretando el estado de excepción, sería una muy mala señal sobre la capacidad del gobierno para enfrentar estos problemas”.