Después de ser detenidos por agentes migratorios en Estados Unidos, José Contreras y José Gallardo se volvieron amigos. Ambos venezolanos estuvieron retenidos en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual se incendió el 27 de marzo. Ese mismo día se encontraban ahí y fueron trasladados a la Ciudad de México dos horas antes del incidente que causó la muerte a 40 extranjeros.

Les bastó estar unas horas en la estancia para conocer que dentro había “corrupción”, ya que se cobraba a dos dólares las llamadas, además de atestiguar que se filtraban objetos, como celulares, pese a que a la mayoría se los prohibían.

El día del incendio ya había “tensión”, luego de que se les negó agua todo el día, y una veintena más de personas se quedó sin comer, lo cual consideran que fue una medida de “castigo” contra venezolanos “inconformes” que habían sido aprehendidos en los semáforos donde pedían dinero.

Tras ello, llegaron a la Casa Tochan, donde se les brinda atención y hospedaje a migrantes que se encuentran en tránsito por la capital del país. La mayoría están unos días antes de continuar hacia el norte.

Colaboradores de esa casa contaron que por algunas noches José Contreras, de 51 años de edad y originario de San Cristóbal, en la Región de los Andes al suroeste de Venezuela, y José Gallardo, de 38 años y originario de Valencia en el centro del país sudamericano, no pudieron dormir.

Contreras llegó a territorio mexicano desde octubre, y cruzó a través de las montañas que separan a Juárez de El Paso. En tanto, Gallardo pudo cruzar dos semanas antes del incendio. Fueron deportados al mismo tiempo.

Al recordar que estuvieron en el espacio que se incendió, agregaron que “cuando llegamos ya era una hacinamiento, no cabíamos, había más de 120 personas en ese momento. Había demasiada gente, en los videos no aparece pero la zona donde se dormía estaba completamente llena”.

Relataron que en la estación migratoria en Juárez era notorio que había dos tipos de elementos: los de migración que tenían uniforme que los identificaba, y los de “seguridad”, que posteriormente se enteraron que eran quienes formaban parte de una empresa privada. “El encargado de abrir la puerta no era el de migración, pues él le daba la orden y el de seguridad abría la puerta. Pero si no les daban la orden no la abrían, eran los únicos que traían llaves”.

Desamparados por Caracas

Ciudadanos venezolanos cuyos familiares fallecieron o resultaron lesionados a causa el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez denunciaron que no han recibido apoyo del gobierno de su país.

En conferencia de prensa, uno de los casos que se expusieron fue el de Jessica Barrios, cuyo esposo murió en las instalaciones migratorias, pero el Servicio Médico Forense lo tiene registrado con otro nombre, por lo que ella no puede reclamar el cuerpo.

La mujer explicó que está “desesperada” porque ha hablado a la embajada de Venezuela en México para pedir que la ayuden a proporcionar los documentos que comprueben la identidad de su cónyuge, pero no la “toman en serio”.

José Mario Sánchez Soledad, presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana en Juárez, quien asiste a los extranjeros y estuvo presente en la conferencia, agregó que “el gobierno de México debe interceder y hacer una labor de sumatoria por los venezolanos”.

(Con información de Rubén Villapando, corresponsal)