La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, planteó hace más de un año a los senadores de Morena un paquete de modificaciones legales necesarias para avanzar en la pacificación del país, del que sólo se ha aprobado la reforma constitucional que deja el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.

En otras cuatro iniciativas que buscan consolidar el andamiaje legal del gobierno federal en materia de seguridad pública, que la funcionaria planteó a los senadores de Morena durante su reunión plenaria del 30 de enero de 2022, no hay ningún avance, pese al compromiso del coordinador Ricardo Monreal de impulsarlas.

Una de ellas incluso está congelada. Se trata de la minuta con las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito que la Cámara de Diputados remitió al Senado en octubre del año pasado, en la que se establece que el Estado podrá disponer de las cuentas bancarias sin movimientos y sin reclamar durante los últimos seis años.

En la minuta se precisa que “todos los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global, con aquellas excepciones dedicadas la beneficencia pública, prescriban a favor de la seguridad pública y se destinen para la política y acciones de combate a la delincuencia para la Federación, los estados y municipios”.

En principio, el coordinador Monreal habló de darle celeridad, pero la frenó el fuerte cabildeo de la Asociación Nacional de Bancos, con el argumento de que esa reforma provocaría riesgos de inestabilidad y credibilidad entre los ahorradores.

Durante su participación en la plenaria de Morena, Rosa Icela Rodríguez les pidió incorporar a la agenda legislativa el destino de las cuentas bancarias incautadas al crimen organizado, “a fin de utilizar los recursos que están en cuentas congeladas, procedentes de narcotraficantes, criminales, secuestradores y extorsionadores para el equipamiento de nuestros policías de todo el país”.

Expuso que se trata de miles de millones de pesos que nadie reclama y que bien podría destinarse a la compra de vehículos, armas, chalecos, uniformes, entre otros equipos para reforzar a los integrantes de las instituciones de seguridad en estados y municipios.

La minuta no forma parte de las reformas consideradas prioritarias para este periodo, al que le restan sólo dos semanas.

Van a quedar pendientes también otras normas en las que hay vacío legal, entre ellas las encaminadas a sancionar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes a través de las redes sociales, plataformas digitales y los videojuegos que dañan su integridad o los involucran en actividades ilícitas.

La titular de la SSPC planteó, asimismo, modificar la Ley Nacional de Ejecución Penal, para devolver al Ejecutivo Federal y a los estados la facultad de autorizar los traslados de personas privadas de la libertad de centros locales a centros federales penitenciarios, ya que actualmente es competencia exclusiva del Poder Judicial a través de los jueces de ejecución, cuyos sus criterios “no siempre coinciden con las necesidades de los sistemas penitenciarios”.

Igualmente, planteó mejorar la comercialización de los productos que se elaboran dentro de los penales del país, con la posibilidad de establecer medidas para que los gobiernos estatales asignen un porcentaje mínimo de su presupuesto a la compra de los mismos.