Algunos hechos muy recientes en nuestro continente suponen una vuelta de tuerca en la militarización de los bienes comunes, ya sea por la vía “legal” o de facto, de la mano de los gobiernos y sus fuerzas armadas o de actores armados “irregulares” que campean a sus anchas cuando los estados les permiten.

La semana pasada se conoció que el gobierno argentino, a través del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, anunció “ocho planes de campaña” que implican la militarización de áreas de “recursos naturales y espacios soberanos”, como Vaca Muerta (el mayor reservorio de hidrocarburos de Argentina), el Atlántico sur y zonas de extracción de litio (https://bit.ly/3zsiS1R). Así, sostiene el medio citado, el gobierno coloca recursos militares “para resguardar la actividad que realizan las multinacionales”.

Es apenas la última perla de un extenso collar de militarizaciones, que van desde los gobiernos de México y Venezuela hasta los de Perú y Chile. Éstos se destacaron recientemente por la violencia indiscriminada contra la población aymara y quechua del sur (Dina Boluarte) y por la masiva implicación de las fuerzas armadas en la defensa de las empresas forestales ante el pueblo mapuche (Gabriel Boric).

El brasileño Jair Bolsonaro entregó el control de la Amazonia a las fuerzas armadas, que la “protegen” desde la dictadura militar (1964-1985), pero ahora el gobierno de Lula da Silva parece decidido a renovar la licencia ambiental de Belo Monte, gigantesca represa en la Amazonia que provocó “una crisis humanitaria y ambiental en una de las regiones más diversas de la mayor selva tropical del planeta” (https://bit.ly/3Geolgt).

Según la docente de la Escuela Florestan Fernandes del MST, Silvia Adoue, tras reunirse con las fuerzas armadas Lula decidió “destinar el Fondo Amazonia para aumentar la presencia de la Policía Federal y la Policía Nacional de Carreteras en la Amazonia, que los créditos de carbono serían invertidos en la vigilancia de la región por las fuerzas armadas, que además serían mejor equipadas para desarrollar esas tareas”.

No se menciona la posibilidad de reducir la extracción de minerales de la Amazonia. Adoue concluye en comunicación personal: “La codicia despertada en la sociedad como un todo por la demanda de minerales para la industria 4.0, crea una nueva subjetividad extractivista, que contamina todas las relaciones”.

La militarización de los recursos naturales para su explotación por las multinacionales (bienes comunes para la vida de los pueblos según nosotros) se ha convertido en una característica estratégica del capitalismo neoliberal en esta fase de extrema violencia.

La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson, destacó la importancia de los bienes comunes para su país y enfatizó en el Triángulo del Litio (Argentina, Chile y Bolivia), el oro de Venezuela, el petróleo en Guyana y recordó que 31 por ciento del agua dulce del mundo se encuentra en la región, por eso dijo “tenemos mucho por hacer” (https://bit.ly/3UjCAXn).

En su competencia con China, Estados Unidos necesita subordinar aún más su patio trasero, en la misma sintonía de lo que sucede con Europa aunque con características diferentes. Como históricos proveedores de “materias primas”, nos corresponde seguir en ese trillo subordinando la soberanía de las naciones a las necesidades imperiales. Del imperio que sea, es necesario aclarar.

Si la militarización tiene carácter estructural, esto quiere decir que para los pueblos y los sectores populares los “derechos” y la legalidad constitucional caducan en las áreas donde opera la alianza militares/multinacionales. Por tanto, apelar a tales derechos sólo tiene sentido como propaganda, para mostrar que las reglas definidas por el sistema no se cumplen. Pero sería muy irresponsable construir estrategias sobre la base de derechos que no se van a respetar.

Por eso tenemos que responder cómo vamos a hacer para defender los bienes comunes de la guerra contra los pueblos y contra la vida. En realidad es una de las tareas más complejas que tenemos por delante, porque no existen precedentes, ya que el viraje militarista del capitalismo y el secuestro de los estados por el capital financiero, modificaron las reglas del juego.

Los pueblos agrupados en el CNI (Congreso Nacional Indígena) y el EZLN han definido la “resistencia civil pacífica”, que tiene enormes costos de desgaste para las comunidades y una gran virtud: es la voluntad de los pueblos de no entrar en una guerra que sólo puede beneficiar al capital.

Este mes el CNI realizará una extensa caravana por varios estados del sur que finalizará con un encuentro internacional en San Cristóbal de las Casas, bajo el lema “¡El Sur resiste!” (https://bit.ly/3zvXcSk). Acompañar la caravana es una de las tareas necesarias para pasar de la indignación ante tanto despojo, a la acción colectiva para la defensa de la madre tierra y de los pueblos que la habitan.