Iberdrola aseguró que con la venta de los activos que realizará al gobierno de México queda “casi libre” de todos los problemas regulatorios que tiene con las autoridades nacionales.

“Todos los problemas regulatorios se van con los activos, entonces podemos decir que estamos casi libres de problemas con el gobierno mexicano. Esto es un elemento muy importante de la transacción”, planteó José Sainz, director financiero de Iberdrola.

Lo anterior fue mencionado por Sainz durante una presentación hecha por la empresa a inversionistas y analistas ayer desde Madrid, la cual se titula La nueva Iberdrola México.

El director de finanzas de Iberdrola estuvo acompañado por David Mesonero, director global de desarrollo corporativo, y dieron detalles sobre la transacción así como los planes de la empresa en México para los siguientes años.

El lunes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador e Ignacio Sánchez Galán, director ejecutivo de Iberdrola, anunciaron que la firma de energía venderá 13 plantas al gobierno de México.

De acuerdo con el documento presentado por Iberdrola a los inversionistas, la transacción incluye 12 plantas de ciclo combinado con una capacidad total instalada de 8 mil 436 megavatios y un parque eólico de 103 megavatios.

En este sentido, 7 mil 400 megavatios, 87 por ciento del total de la operación, están contratados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por medio del modelo de productores independientes de energía (PIE).

A su vez, explica, 4 plantas que generan mil 400 megavatios están “afectadas por litigios abiertos con organismos reguladores” y serán “transferidos con los activos”.

David Mesonero expuso a los analistas que la operación deberá contar con el visto bueno de los reguladores mexicanos, aunque esperan concretarla lo antes posible.

“Iberdrola mantiene su presencia en México… El siguiente paso, según el calendario, es cerrar la transacción en las próximas semanas recibiendo las autorizaciones de la CFE, la CRE y el Cenace. La idea común entre el comprador y el vendedor es cerrar (el negocio) lo antes posible, siendo la fecha límite el 31 de diciembre de este año.”

Es la quinta mayor operación en AL

Precisó que es la operación “más grande” del sector energético mexicano y la quinta más relevante en Latinoamérica “además de una de las más importantes para Iberdrola”.

Por su parte, Sainz explicó que con el desprendimiento de los activos, que representan 80 por ciento del negocio en México, la española calcula un impacto de 90 millones de euros, aunque, en sus palabras “no es una cifra difícil de compensar para un grupo como Iberdrola”, que el año pasado obtuvo ganancias por 4 mil 339 millones de euros.

La transacción tendrá un costo para el gobierno mexicano de 6 mil millones de dólares, dinero con el que la compañía considera en su presentación fortalecer su portafolio financiero y tener plusvalías este mismo año, aunque, a decir de Sainz, también les funcionará para tener mayores oportunidades de expansión a corto plazo en Estados Unidos y Europa.

Sin detalles sobre la multa de la CRE

Ni en la plática con inversionistas o el documento presentado queda claro qué pasará con la multa de 9 mil 145 millones de pesos que impuso la Comisión Reguladora de Energía en mayo de 2022 a la empresa, la mayor sanción a una empresa privada en el país.

El 27 de mayo de ese año la CRE determinó que Iberdrola Energía Monterrey (IEM), subsidiaria de la firma española, había incurrido en la venta ilegal de energía generada en la planta Dulces Nombres, ubicada en Pesquería, Nuevo León. Dicho activo está incluido en la transacción anunciada el martes. Luego, el 15 de junio de ese año, Iberdrola solicitó y obtuvo un amparo contra la resolución.