Cuando una ley o normativa no está en el idioma o lengua nativa, “es más probable la vulneración de derechos”, señaló a La Jornada Tomás López Sarabia, presidente del consejo directivo del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet).

Por esta razón el Cepiadet, organización civil, con sede en Oaxaca, tradujo la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en seis variantes lingüísticas: wixárica, purépecha, náhuatl y totonaco de Puebla, así como náhuatl y totonaco de Veracruz.

Ese trabajo tardó dos años, precisó López Sarabia y agregó que “generar una ley no es sólo hacerla, sino establecer cómo la comunicas también a los más de siete millones que hablamos una lengua indígena.

“Estas leyes traducidas son un granito de arena para quienes en las comunidades viven esta situación de tener personas desaparecidas o que han padecido tortura en muchos espacios”, señaló.

La traducción de las referidas leyes ayudará a los familiares. “La información puesta en la propia lengua puede serles de utilidad para una denuncia, acompañamiento, para el entendimiento de los procedimientos y para acercarse a las instituciones o incluso para que desde su propia comunidad puedan generar espacios y defender sus derechos”.

Recordó que las normas y le-yes son técnicas y contienen conceptos que en su mayoría no existen en las lenguas indígenas. En ese sentido, “no es sólo hacer una traducción técnico-lingüística, sino elaborar una interpretación intercultural para que se pueda entender el nivel de gravedad de estos delitos y de las violaciones graves a derechos humanos, que implican”.

Desde 2005, Cepiadet “lucha por los derechos lingüísticos de hablantes de lenguas indígenas del país, porque se visibilicen las lenguas y puedan ser usadas en distintos espacios públicos y privados”, y es en ese contexto que “hicimos las traducciones a es-tas dos leyes generales, lo cual tomó dos años”.