El próximo miércoles el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá determinar si procede que Mario Delgado y Citlalli Hernández dejen en agosto de este año, cual originalmente se había establecido, la presidencia y la secretaría general del comité nacional de Morena, que respectivamente ocupan.

El proyecto de resolución, presentado por la magistrada Janine Otálora, que debe ser analizado y votado por sus colegas, establece que es antidemocrática y violatoria del principio de periodicidad la permanencia hasta 2024 de Delgado y Hernández en sus cargos, pretendiendo valerse de un artículo transitorio presentado a última hora ante el congreso nacional del partido guinda el año pasado.

En caso de impedirse la continuidad de los dirigentes partidistas, sucedería en el tramo final del proceso interno de postulación de candidatura presidencial a 2024. Delgado es absolutamente prescindible, pues en las decisiones mayores sólo ha sido un instrumento de ejecución de instrucciones superiores y, en planos menores, ha sido causante de múltiples desajustes y distorsiones al espíritu de Morena, con una tintineante apertura de puertas electorales a personajes impresentables en cuanto al objetivo de renovación y moralización políticas genuinas.

Delgado tendría varias opciones: ocupar alguna posición en el gobierno federal, pretender la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México, apuntarse para ser coordinador de la campaña presidencial guinda o reintegrarse a su grupo matriz, el de Marcelo Ebrard, aunque entre ellos ha habido roces en los años del “liderazgo” partidista de Delgado. Citlalli Hernández es senadora y podría continuar en la tarea legislativa.

No le da lustre al historial de Andrés Manuel López Obrador la insistencia en comparar el episodio de su desafuero como jefe de Gobierno de la Ciudad de México con las andanzas pornopolíticas de Donald Trump por las que está bajo proceso judicial en Estados Unidos. Como diría el clasicismo popular, con una profundidad inapelable: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Llevada al extremo aberrante, la postura de “apoyar” a un personaje para que no se le someta a juicio, porque ello podría significar un freno a sus opciones electorales (que no es el caso específico del tóxico multimillonario naranja), implicaría otorgar un virtual pasaporte a la impunidad a un político con perspectivas comiciales sólo por serlo, una especie de fuero político.

Además de resultar nada respetuoso del derecho procesal ajeno, al intervenir así sea retóricamente en un caso judicial en el extranjero, el presidente López Obrador desestima que Trump es ejemplar como tramposo consumado y como practicante de conductas clasistas, discriminatorias y de extrema derecha de las que México ha sido víctima inmediata y recurrente. Y todavía defenderlo, pues…

Astillas

En Puebla se ha producido un hecho judicial que pareciera “limpiar” el camino a Ignacio Mier, actual coordinador de los diputados federales de Morena, a la candidatura guinda a la gubernatura. Su socio en el diario Cambio, Arturo Rueda, fue encarcelado en mayo de 2022 bajo señalamiento de extorsión en 2015 al político priísta Charbel Jorge Estefan Chidiac, a quien el director Rueda pidió 10 millones de pesos a cambio de “administrar su reputación” y no dar a conocer un video que perjudicaría al político priísta. El cínico intento de extorsión quedó grabado en un video luego difundido en redes. Ayer, medios poblanos publicaron que Estefan había otorgado el perdón a Rueda, aunque éste enfrenta aún otras acusaciones. Rueda habría enviado una carta de disculpas a Estefan, quien aceptó dar el perdón “en concordancia con el nuevo clima político que vive Puebla”. Por lo pronto, la maniobra quita a Ignacio Mier una de las objeciones a su eventual postulación morenista al gobierno poblano… ¡Hasta mañana!

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