El acoso que sufren comerciantes de vía pública en la alcaldía Benito Juárez, a cargo del panista Santiago Taboada, ya desembocó en una carpeta de investigación que fue integrada por presunta extorsión de servidores públicos de esa demarcación contra los vendedores.

Los hechos quedaron asentados en el expediente CI-FIDCSP/B/UI-B-3 C/D/03653/09-2022, luego de que un ambulante, quien pidió el anonimato, denunció directamente a Alejandro Ugalde, que tiene asignado un puesto de jefe de mesa, y Alejandro Vázquez, jefe de unidad departamental de ordenamiento y comercio en vía pública, por pedirle 40 mil pesos para recuperar el lugar que tenía antes de la pandemia, el cual se ubica en la esquina de Insurgentes y Extremadura.

Vázquez suma varias quejas de comerciantes que lo acusan por extorsionarlos en zonas como Félix Cuevas, avenida Cuauhtémoc y División del Norte.

Negocian con los lugares

“Yo ingreso al programa de reordenamiento del comercio en vía pública desde el año 2000. Mi problema empezó después de la pandemia, cuando nos tuvieron que retirar; al regresar a nuestros lugares, ya estaban ocupados, empecé a indagar y los servidores públicos de esta administración panista ya los habían vendido. Ahí fue cuando empieza mi martirio”, sostiene el afectado.

“Decidí instalarme en los lugares asignados en enero de este año, pero a pesar de que tengo los comprobantes de haber pagado, en la primera semana de febrero hicieron un megaoperativo y me retiraron; se llevaron todas mis cosas y es la fecha en que no me las quieren regresar.”

El vendedor dijo que esa zona se ha desbordado de comerciantes informales que no cuentan con permiso, pero pagaron mordida para instalarse.

Pese a cumplir con las cuotas correspondientes y tratar de que se respeten sus lugares, aseguró que ningún funcionario de la alcaldía lo ha recibido, por lo que ahora ocupa un sitio en un tianguis donde las ganancias no son las mismas.

Por eso su situación económica se ha agravado, pues el dueño del departamento donde vive se lo pidió, porque no ha completado el pago de la renta en los pasados tres meses, aunado a que su esposa padece espondilitis anquilosante, lo cual los obliga a invertir en un tratamiento médico que cuesta más de 12 mil pesos mensuales.

“Estoy en una situación económica muy crítica. Hemos pedido apoyo en todas partes, ya fuimos a la Secretaría de Gobierno, ya fuimos a la alcaldía, les he mandado escritos, pero no contestan. Ya fuimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluso ya les mandaron una observación, pero hacen caso omiso. Además, me han mandado recados de que yo ya estoy vetado de la alcaldía, que ya no me van a dejar trabajar”, lamentó el comerciante.