Los gobernadores de la Cuarta Transformación señalaron que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe revertir la “arbitraria” decisión del ministro Javier Laynez Potisek de admitir la controversia del Instituto Nacional Electoral (INE) contra la reforma electoral y suspender su aplicación, pues se trata de una medida inconstitucional.
En una carta al pueblo, explicaron que la determinación de Laynez Potisek es inconstitucional por donde se le vea, ya que la Carta Magna “establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral, y de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales. Además, violenta el equilibrio de poderes en la medida en que uno solo de los ministros suprime de un plumazo reformas de la representación popular legítima depositada en el Poder Legislativo”.
Los mandatarios de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, así como el dirigente de Morena, Mario Delgado, destacan en el escrito difundido en redes sociales que la reforma suspendida no pone en riesgo de manera alguna los procesos electorales o el funcionamiento del INE.
“Su propósito es garantizar una auténtica democracia, racionar los recursos públicos y acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen”, apuntan.
Consideran inevitable ver en la decisión del ministro el interés de obstaculizar la transformación nacional; preservar los cotos de poder de élites, tecnocracias y burocracias; impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral y mantener en pie los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificables.
Señalan que como ha solicitado el Ejecutivo en el recurso presentado, la decisión del juzgador debe revertirse, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento.
