Ciudad de México. Los 8 mil 539 megavatios que Iberdrola vendió a México y cuyas plantas serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) equivalen a 16 por ciento de la generación total de electricidad del país, de acuerdo con cifras oficiales del gobierno de México.

Según las cifras oficiales, con el acuerdo que firmó la española y la administración pública, la CFE pasará de generar 39.5 por ciento a 55.5 por ciento de la electricidad del país, con lo que se convierte en la empresa mayoritaria en el mercado eléctrico nacional.

La operación fue realizada por dos entidades del Estado mexicano. Una de ellas, el México Infrastructure Partners (MIP), es el fondo con el que Iberdrola suscribió el acuerdo para vender las 13 plantas de electricidad; se describe como el “principal administrador en los sectores de infraestructura y energía” en el país.

En México es propietario de cinco fondos en el mercado de valores y coinversionista de dos más, además de que presume tener en su portafolio global 3 mil 300 millones de dólares en valor de los activos administrados.

Trabaja en sectores como el tratamiento y la distribución del agua, en la generación eléctrica, en infraestructura de obras públicas como carreteras, aeropuertos e incluso en el de telecomunicaciones.

El otro es el fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), entidad que se encargará de respaldar la transacción financiera; está en manos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), fue fundado en febrero de 2008 y tiene como uno de los principales objetivos “maximizar y facilitar la movilización de capital privado a proyectos de infraestructura” y “tomar riesgos que el mercado no está dispuesto a asumir”.

El Fonadin fue el fideicomiso que utilizó la actual administración para adquirir la refinería Deer Park en Houston, Texas.

Productores independientes, en la mira de la CFE

Las plantas que Iberdrola transferirá al gobierno de México operan bajo la figura de productores independientes, la cual en diversas ocasiones ha sido criticada por Manuel Bartlett, director general de la CFE, desde el inicio de su gestión.

Se trata de una figura que surgió en 1997 con el principal objetivo de vender energía a la CFE, a un costo menor que el que le cuesta generar a la empresa productiva del Estado y además no se puede vender a particulares.

Monopolios que obligan a comprarles

Sin embargo, la administración de Manuel Bartlett ha acusado en repentinas ocasiones a estos generadores como un monopolio que obliga a la empresa a comprarles electricidad.

“Se obligó a la CFE a comprar energía mediante contratos por 25 años a productores independientes. A través de estos contratos la CFE les paga los cargos fijos, incluso si sus centrales no son despachadas, tienen garantizada la recuperación de su inversión”, declaró en enero de 2022 Adrián Olvera, director general de CFE Generación V.

Una de las centrales que se transferirán al gobierno mexicano es Monterrey II, mejor conocida como Dulces Nombres, en Nuevo León. Es aquella que en octubre de 2022 no consiguió el permiso por parte de la Comisión Reguladora de Energía para operar en el país.