Washington. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aceptó este miércoles pagar 144.5 millones de dólares a las víctimas de una matanza cometida en una iglesia del estado de Texas en 2017, para poner fin a un proceso por "negligencia".

Más de 75 afectados por este drama, que causó 26 muertos y 22 heridos, habían presentado una denuncia civil contra el gobierno federal, al que acusaron de no haber impedido que el autor de la masacre comprara el arma.

El acuerdo anunciado, que todavía debe ser aprobado por un tribunal, debe dar por concluido el proceso judicial.

"El anuncio de hoy pone fin al litigio y a un capítulo doloroso para las víctimas", señaló Vanita Gupta, alto cargo del Departamento de Justicia.

Devin Kelley, un ex militar de 26 años involucrado en el incidente, había sido condenado en 2012 por una corte marcial por violencia contra su esposa y el hijo de ésta.

Cuando era soldado también estuvo internado en una clínica siquiátrica tras amenazar de muerte a sus superiores.

La ley federal estadunidense prohíbe que las personas condenadas por violencia doméstica compren armas de fuego, pero los responsables castrenses no transmitieron su expediente a la policía federal, que debe verificar los antecedentes penales previo a la venta de armas.

Armado con un rifle de asalto tipo AR-15, Devin Kelley irrumpió durante una misa en una iglesia de la pequeña localidad de Sutherland Springs, en Texas (sur), el domingo 5 de noviembre de 2017, para entonces abrir fuego contra los fieles presentes, incluidos niños.

Un tribunal federal dictaminó en 2021 que el gobierno podría ser parcialmente responsable por esa matanza y le ordenó pagar a los demandantes 230 millones de dólares. El Departamento de Justicia apeló la sentencia.

"Ninguna palabra o cantidad de dinero puede disminuir la inmensa tragedia del tiroteo masivo en Sutherland Springs", subrayó Vanita Gupta en sus declaraciones.

En 2022, el gobierno había aceptado pagar 127.5 millones de dólares a las víctimas de una matanza en un colegio de Parkland, Florida (sureste), para poner fin a 40 denuncias que acusaban a la FBI de no dar seguimiento a informes de dos fuentes que le indicaban de la peligrosidad del autor de la masacre.

Y en 2021 pagó 88 millones de dólares a los familiares de nueve afroestadunidenses asesinados en 2015 por un supremacista blanco en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, así como a los supervivientes del drama, cerrando así demandas similares.