La suspensión obtenida por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la segunda parte del plan B de la reforma electoral le permitirá seguir disponiendo de los fideicomisos de dos fondos que, en conjunto, superan los mil 600 millones de pesos.
En su controversia constitucional ante la Suprema Corte, el organismo electoral también denuncia la presunta omisión de una consulta previa entre pueblos indígenas y personas con discapacidad para aprobar artículos que afectan directamente a estos sectores de la población.
La demanda pide específicamente que no se aplique el artículo 31 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), donde dispone que el INE “no puede destinar ahorros, economías o remanentes presupuestales a la constitución u operación de fideicomisos”.
Así, en la controversia constitucional 261/2023, el INE solicitó a la SCJN que, en tanto los ministros resuelven sobre la constitucionalidad del plan B, siga en funcionamiento el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del INE, el cual, según el último reporte oficial del organismo, acumula 522 millones 804 mil 61.02 pesos al 31 de diciembre de 2022.
Este fideicomiso es el utilizado, entre otras cosas, para pagar el programa de retiro voluntario, al que se acogieron cientos de funcionarios del INE, buscando obtener todos los beneficios que el plan B propone recortar.
En noviembre pasado, La Jornada reveló que el Órgano Interno de Control del INE canalizó a este fideicomiso los ahorros generados por plazas que se dejaron vacantes, en lugar de regresar esos recursos a la Tesorería de la Federación, como marca la ley.
El INE también obtuvo de la SCJN que se suspendiera la extinción del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del INE, el cual ha acumulado mil 132 millones 051 mil 544.71 pesos, según el balance publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero pasado.
La demanda del INE ante la SCJN también acusa que las reformas a la LGIPE y a las leyes General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial modifican normas que facilitan la representación de los pueblos originarios y de las personas con discapacidad, y por ello exige que se les convoque a consultas antes de aprobar la reforma.
