Aunque las exigencias de las alumnas de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-L) son legítimas y atendibles, muchas dependen de la aprobación de órganos colegiados, autoridades de otros ámbitos o incluso de empresas particulares, por lo que no pueden resolverse sólo con la orden de un funcionario.

Así lo afirmó el rector de dicho plantel, Gabriel Soto Cortés, quien reconoció la validez de las demandas de las estudiantes que iniciaron un paro en la escuela el 10 de marzo, pero se dijo preocupado por el hecho de que la toma pueda frenar la ejecución de obras de infraestructura agendadas para este año, por unos 210 millones de pesos (mdp).

En entrevista con La Jornada, el investigador señaló que la propuesta de solución de las autoridades de la escuela está basada en 17 puntos, y aunque una de las preocupaciones comunes en todas las unidades de la UAM es la violencia de género, en el caso de Lerma también hay inquietud por las condiciones materiales del plantel.

“Hay una cantidad de obras muy importante por desarrollar este año. En 2023 se construirá la fachada principal de la escuela, los accesos para autos, bicicletas y peatones y los torniquetes de acceso. Además, se hará la pavimentación de la calzada principal y la urbanización interna. Ya se tienen los recursos y estamos en licitación.

“Se cubrirán las canchas deportivas con una estructura de malla-sombra, se instalará mobiliario urbano en las plazas dentro de la unidad, y para mediados del año se entregarán nueve aulas en el tercer piso del edificio central, lo que permitirá convertir las aulas ligeras de la entrada en áreas de trabajo colaborativo, laboratorios y talleres”, aseguró.

Soto admitió que “sí hay preocupación por la posible pérdida del trimestre, pero también por las obras, que tienen presupuesto federal y plazos específicos de ejecución. Me preocupa que el conflicto se extienda, porque el dinero retornaría al gobierno y estaríamos en riesgo de perder los proyectos”.

A decir del funcionario, “este año ejerceríamos un total de 108 millones, y junto con el resto de las otras obras que mencioné, hablamos de unos 210 mdp”. Además, las autoridades federales también autorizaron la construcción de un nuevo edificio, por un valor de 380 mdp.

Respecto de la expulsión de maestros acusados de violencia de género, el rector de la UAM-L indicó que un profesor de nombre Francisco Pérez ya fue despedido en mayo de 2022, mientras Octavio Vilchis “no es trabajador de la unidad. Tenía una colaboración con un académico, pero mandó un escrito diciendo que se retiraba”.

Soto indicó que las estudiantes en paro exigieron castigo para un alumno identificado como “Aarón”, quien ha recibido una amonestación y, actualmente, una suspensión por un año por agresiones contra mujeres. “Tendríamos que evaluar desde el punto de vista jurídico si es procedente retomar el caso y aplicar una sanción diferente a la que ya fue acreedor”, dijo.

El funcionario reiteró la invitación a las paristas a dialogar y enfatizó que las decisiones sobre muchos temas –en particular respecto de contrataciones de personal, como la titular de la Coordinación de Bienestar Universitario y Género–“no dependen de mí como rector, sino de los consejos divisionales y otros órganos colegiados. Es factible hacerlo y está el compromiso para ello, pero son aspectos que se llevan un tiempo”.