Al más puro estilo de los prianistas (en ellos es norma que todo acto de corrupción que se les descubre de inmediato lo califican de “vengativa cacería” en su contra), Lorenzo Córdova ahora se muestra ofendido y temeroso, porque “vendrán tiempos de persecución política, algo típico de los gobiernos con rasgos autoritarios”, y se declara “listo para las batallas que vienen”. No termina de irse, se niega a soltar el micrófono y su ya prolongada “despedida” es digna de la farándula, siempre en el contexto de aquella máxima conocida como “el negocio del siglo”, es decir, comprarlo en lo que realmente vale y venderlo en lo que él cree que vale. Un mar de diferencia.
La Jornada lo reseñó así: “termina una etapa negra para el Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al referirse al fin de la gestión de Lorenzo Córdova como consejero presidente. Al preguntarle si sería investigado por exculpar al PRI del presunto financiamiento de las empresas Odebrecht y OHL a las campañas de los entonces candidatos Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo, dijo que todos los servidores públicos podemos ser investigados por posibles responsabilidades. Hay una serie de irregularidades, nos han comentado, cometidas por Edmundo Jacobo Molina, quien hace unos días renunció a la secretaría ejecutiva del instituto”.
El paladín de la democracia se sintió ofendido ante la “impertinencia” de Adán Augusto, por lo que el futuro –chanchullo de por medio– “investigador” de Jurídicas de la UNAM, respondió en Twitter: “lo dicho, vendrán tiempos de persecución política, algo típico de los gobiernos con rasgos autoritarios. Sin embargo, nos vamos del INE con la frente en alto, con el buen sabor de boca del deber cumplido y listos para dar las batallas que vienen” ( ídem).
¿Qué reclama su eminencia?, pues, como bien subraya la Rayuela de ayer: “no tergiverse, señor Córdova; todo servidor público está obligado a rendir cuentas”, y parece que durante su estancia en el INE algunas de ellas no cuadran, según el informe anual del Órgano Interno de Control (OIC) del propio instituto. Para empezar, éste documenta que “tanto el Instituto Federal Electoral como el actual INE y sus órganos desconcentrados han destinado (2008-2022) 138 mil 193 millones de pesos en servicios personales, gasto que careció de sustento y rigor técnico” ( La Jornada, Enrique Méndez).
Además, el OIC denunció que “la estructura orgánica y salarial avalada por el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, no se sustenta en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos. Esta situación expone la debilidad de control para sustentar y acreditar que esos acuerdos cumplen las condiciones establecidas en la norma aplicable, lo cual deriva el riesgo de duplicidad de funciones. Los acuerdos de Jacobo Molina no incluyeron dictámenes de viabilidad presupuestal de la nómina, lo cual impidió conocer el impacto económico, esto es, cuánto realmente costará al INE y a la Federación esa estructura laboral, que incluye pasivos y servicios médicos” ( ídem).
¿Algo más? Irregularidades en contratos de servicios (417 millones de pesos), “ante lo cual el OIC inició investigaciones para determinar responsabilidades”, tarjetas electrónicas para combustible y la joya de la corona, es decir, los fideicomisos (el cochinito que devino cochinero), que suman 5 mil 740 millones de pesos, “acumulados gracias a una tendencia de generar importantes montos de recursos disponibles”, nunca devueltos a la Tesorería de la Federación, y lo que se acumule. De ese tamaño es la “persecución política”. Pobre hombre.
Las rebanadas del pastel
Otrora intocable, Alonso Ancira mordió el polvo tras ser detenido en España y encarcelado en México por su fraudulenta venta de Agronitrogenados a Pemex (con la complicidad de Emilio Lozoya), pero ahora, de plano, el gánster está empresarialmente sepultado: lo renunciaron de la presidencia del consejo de administración de Altos Hornos de México (una paraestatal obsequio de Carlos Salinas) y vendió sus acciones (junto con las de su familia) en dicha empresa. En pocas palabras, le dieron una patada en el trasero. Sólo resta que cumpla con el acuerdo reparatorio (216.6 millones de dólares) al que llegó con el gobierno federal.
Twitter: @cafevega
