Ciudad de México. Abusos, discriminación y extorsión en contra de comerciantes de la vía pública son una constante del gobierno de la alcaldesa panista de Álvaro Obregón, Lía Limón García, pese al exhorto del Congreso capitalino en febrero para que respete y garantice el derecho constitucional al trabajo de las personas no asalariadas.

Esa situación fue evidenciada con el caso de Darío Villeda Rodríguez y dos quejas más en esta semana por parte de vendedores, a quienes se impidió instalarse en los lugares que ocupaban desde hace mucho tiempo.

La diputada local Martha Ávila Ventura y el concejal en esa alcaldía Ángel Tamariz Sánchez, ambos de Morena, reiteraron la necesidad de que la alcaldesa pida licencia en su cargo mientras se deslindan responsabilidades por el deceso de Villeda.

Tamariz refirió que sólo esta semana recibió dos quejas de comerciantes, una vendedora de dulces de la colonia Tlacopac y otro que se coloca afuera de una iglesia en avenida Toluca. Explicó que en ambos casos tienen mucho tiempo de laborar en esos lugares en los que venden y la alcaldía les dijo que no se pueden instalar.

Ávila recordó que el 14 de febrero su compañera de bancada Nancy Núñez promovió un exhorto, aprobado por el pleno, para que la alcaldesa se abstenga de prácticas clasistas, discriminatorias, de hostigamiento y violencia en contra de comerciantes, así como un informe de la atención y respuesta a peticiones que han realizado.

Por esa fecha circuló en redes sociales un video en el que Lía Limón, junto con la priísta Mariana Rodríguez Mier y Terán, directora General de Gobierno, retiraron a una madre soltera que vendía quesadillas en la vía pública.

La alcaldesa le dijo que no le podía dar un permiso, “entonces, dígame, ahorita yo qué hago”, le pregunta la mujer, a lo que la funcionaria responde: “venirte a ver la bolsa de empleo de la alcaldía”.

“Yo vendo alimentos, soy madre soltera, tengo tres hijos…”, insiste la mujer, interrumpida por Lía para reiterar que vaya a ver la bolsa de empleo.

Los morenistas coincidieron en que en el mensaje que Villeda grabó antes de atentar contra su vida evidenció otros temas que deberían ser motivo de corrupción, no sólo en el área de Vía Pública, donde laboraba, sino en obras del presupuesto participativo, y menciona cobros de más de medio millón de pesos por permisos.

En el caso de las actitudes autoritarias contra trabajadores al grado de haberles prohibido acudir al sepelio, recordaron el antecedente de Limón como subsecretaria de Gobernación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando fue acusada de abuso de autoridad, discriminación, maltrato y humillaciones por trabajadores de la Unidad de Derechos Humanos que fueron obligados a renunciar por discrepar de la forma en que se aplicaba el mecanismo de protección a activistas y periodistas.