El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que asiste a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace ocho años y medio, ha insistido frente al presidente Andrés Manuel López Obrador en que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permita el acceso pleno a información “fundamental” que, pese a las evidencias, la institución castrense sigue “negando y ocultando”.

Ayer, en conferencia de prensa para la presentación de su quinto informe, los expertos Ángela Buitrago y Carlos Beristain denunciaron, una vez más, acciones de obstrucción de la investigación y ocultamiento deliberado de información “crítica” por parte de mandos del Ejército. Aseguraron que el GIEI y los órganos investigadores “han tenido información y prueba de que dichos documentos, de fechas que abarcan desde septiembre a noviembre de 2014, fueron movidos y concentrados en un lugar determinado” (no saben cual) a partir de mayo del año pasado.

Explicaron que en tres ocasiones distintas, en las reuniones que han sostenido con el mandatario las familias de los normalistas, sus defensores, el GIEI y autoridades militares y civiles en Palacio Nacional, insistieron ante el secretario de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, para la entrega de todos los documentos de monitoreo de conversaciones telefónicas entre elementos del grupo delincuencial Guerreros Unidos, que realiza el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), y que acercaría a los investigadores a dar con el paradero de los 43 de Ayotzinapa.

En la tercera ocasión en que se produce este intercambio de petición y negativa, el jefe del Ejecutivo, que es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, expresó, esta vez por escrito, una nueva orden a la Sedena de “abrir todos los archivos”. Fue a principios de febrero. Ayer, los integrantes del GIEI informaron lo anterior y agregaron que “ya hay una respuesta” de los militares. “La semana entrante la vamos a evaluar con el presidente”, apuntó la jurista colombiana Buitrago.

Los militares niegan la existencia (comprobada con documentos) del CRFI-Iguala. Hay otros cuatro en territorio nacional.

La reiterada petición de documentos –al menos entre 80 y 90, de una serie numerada– se refiere al material de monitoreo y análisis generado por el CRFI de Iguala. La fiscalía y el GIEI cuentan con algunos documentos, no la serie completa. El general Sandoval no sólo ha negado la existencia de este centro, sino que incluso ha pedido “que se investigue” a quienes señalan lo contrario.

Buitrago y Beristain exhibieron en pantalla la imagen del cabezal de un documento clasificado de la Sedena, catalogado como “secreto” y “urgente”, con fecha 15 de octubre de 2014. Está dirigido al CRFI Centro, Iguala, y al comandante de la IX Región Militar en Cumbres del Llano, Guerrero. En el quinto Informe se muestra un documento similar, pero con fecha 16 de septiembre. Por la reserva del caso, no dieron a conocer sus contenidos.

“Hoyos negros”

Siete meses atrás, en septiembre de2022, se produjo un “quiebre de la confianza” entre las familias de las víctimas de Ayotzinapa y el gobierno federal, cuando se forzó la salida del fiscal asignado Omar Gómez Trejo. Buitrago y Beristain siguieron trabajando en una nueva etapa.

Ayer concluyó su mandato, que por acuerdo con el gobierno se extenderá otros tres meses, hasta junio. Expusieron los avances y obstáculos logrados estos últimos meses: ocultamiento de información crucial, declaraciones falsas, presio-nes de funcionarios del extinto Cen-tro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a la UEILCA para que no se usen evidencias (específicamente la tortura de los presuntos perpetradores para que generen testimoniales para avalar a “verdad histórica” del sexenio anterior), omisiones en la ejecución de órdenes de aprehensión, entre otros.

Una situación descrita por Beristain como de “techo de cristal” (que no permite acceder a niveles de información más allá de los topes impuestos por las autoridades) y de “hoyos negros”, por donde se fugan evidencias y documentales importantes.

“Pacto de silencio”

Entre los avances más importantes citaron los siguientes:

Se consolidó el expediente del ex procurador Jesús Murillo Karam, procesado por obstrucción de la justicia, desviación de la investigación, tortura y desaparición forzada.

Se lograron acuerdos para reactivar órdenes de captura contra presuntos perpetradores o encubridores que habían sido anuladas el año pasado. Entre estas hay cerca de 20 militares. El GIEI considera que al menos seis son prioritarias.

Se ha generado la posibilidad de que el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para el Acceso a la Verdad del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Alejandro Encinas, concerte con autoridades de Estados Unidos para la extradición de los involucrados que huyeron y pidieron asilo; entre ellos, el juez de barandillas de la comisaría policial de Iguala, Ulises Bernabé, quien la noche del 16 de septiembre de 2014 tuvo retenidos, maniatados y tirados en el piso al menos a 17 jóvenes hoy desaparecidos. Es también el caso de Tomás Zerón, quien ahora está en Israel, y en su momento fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, coordinador del war room que diseñó la “verdad histórica” de Murillo Karam.

Otro avance se ha dado en las tareas de búsqueda. Gracias a nuevos testigos, “se está quebrando el pacto de silencio”, expresaron, y fueron encontrados a principios de año nuevos restos óseos (no quemados) que fueron enviados al Equipo Argentino de Antropólogos Forenses para su cotejo genético y posible identificación. En abril se tendrán los resultados.

Los expertos atribuyen algunos de los avances a la intervención directa del presidente López Obrador.

La larga lista de obstáculos

Además del ocultamiento de documentación clave del CRFI-Iguala, se denunciaron otras situaciones.

En el caso del Cisen, hace seis meses hay órdenes de aprehensión, que no han sido ejecutadas, contra varios agentes que presuntamente participaron en torturas, a pesar de que los sospechosos están ubicados en sus oficinas.

Se tiene el testimonio de que un funcionario del Cisen se presentó en la UEILCA a presionar para que la fiscalía no use pruebas de las torturas “por tratarse de un asunto de seguridad nacional”. El GIEI sostiene que en un caso de desaparición forzada, al ser delito grave, no cabe esa reserva.

Los expertos denunciaron, asimismo, que “prevalece un clima de intimidación y presiones” en el interior de las prisiones contra presuntos perpetradores procesados.

Por otra parte, denunciaron que se han recrudecido las presiones y amenazas contra las familias de los jóvenes desaparecidos y “gente que ha tratado de generar divisiones”.

El GIEI exigió que se investiguen estos hechos y que desde las autoridades de los tres niveles haya un respeto pleno a los procesos organizativos de los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa.

“Porque si no es por estas familias, el proceso de investigación no hubiera llegado hasta aquí”, remató Beristain. Como se ha hecho costumbre en las presentaciones de los informes del GIEI, que tienen lugar en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las primeras filas de asientos fueron ocupadas por cerca de 30 familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa y sus representantes legales.

Por último, Buitrago y Beristain recordaron que la GIEI es el único órgano de supervisión internacional sobre un caso de desaparición forzada en México. “Y lo que pase aquí, en Ayotzinapa, puede ser un indicador y un aporte significativo para el doloroso caso de las miles de desapariciones forzadas que hay” en el país.