Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, decretó el cese de la prisión domiciliaria impuesta a Gilda Margarita Austin y Solís en noviembre de 2019, cuando la vincularon a proceso por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, relacionado con el caso Odebrecht.

La madre de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) continuará su proceso en libertad restringida tras permanecer tres años, cuatro meses y 28 días en arraigo domiciliario. Durante una audiencia que duró casi 11 horas, el juez impuso que porte un brazalete electrónico, con el cual permanecerá bajo vigilancia policiaca.

Pero no sólo eso, reiteró como medidas cautelares entregar su pasaporte, la prohibición de salir de la Ciudad de México y del país sin orden judicial. Asimismo, le impuso vigilancia externa de su domicilio y personal permanente; es decir, un elemento de la Guardia Nacional la escoltará en todo momento. De acuerdo con fuentes, el Ministerio Público impugnará el fallo del juez.

Para realizar el cambio de medida cautelar, el juez Alarcón López se basó en el decreto por el que se aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en Washington, Estados Unidos el 15 de junio de 2015 y que se publicó el 10 de enero de este año en el Diario Oficial de la Federación.

El mandato, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, establece que los adultos mayores tienen derecho a vivir de forma plena e independiente, libres de violencia.

Antes de que el impartidor de justicia dictará las medidas preventivas, Gilda Margarita, de 75 años, pidió la palabra: “Este 2023 cumplo cuatro años de arraigo domiciliario, luego de estar en cinco prisiones en Alemania. En todos estos años he visto la colaboración de mi hijo con las autoridades y también he sido testigo de la violencia sufrida contra él y mi familia.

“No estoy segura de cómo va a terminar esto. A mi edad y en las condiciones físicas y mentales en las que me encuentro no represento un riesgo para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para Pemex y el gobierno. Busco condiciones para enfrentar esta situación de mi hija, mi nuera e hijo, que es testigo colaborador y que fue injustamente encarcelado. Si me dejara salir, lo visitaría en prisión, atendería mi salud y sería un apoyo, no una carga, porque es el derecho que toda madre tiene. Sería un apoyo para Gilda y Emilio”, reiteró.

Brazalete y guardia

Cuando el juez Alarcón López dictó las nuevas medidas cautelares, Gilda Margarita expresó inconformidad. “No me parece que tenga que usar brazalete y un guardia vigilándome, me causará más estrés por estar vigilada, qué voy hacer. El hecho que una persona me vigile se me hace terrible”.

En la diligencia, el impartidor de justicia desestimó las declaraciones del perito médico presentadas por los abogados de Austin para acreditar padecimientos graves que afectan su condición física y salud mental, ya que sufre trastorno de estrés postraumático, depresión moderada y sigue un tratamiento por anorexia, ya que ha perdido ocho kilos.

El juez argumentó que la prueba no era fiable, ya que según el médico tenía un margen de error de entre 1 y 2 por ciento; “ese bajo nivel de error no lo tiene ni las pruebas genéticas”, respondió Alarcón.

Al salir del Centro de Justicia Penal Federal, Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Gilda Margarita y Emilio Lozoya, señaló que el fallo representa un avance de cara a la firma de un criterio de oportunidad.

“Fue una resolución brillante por parte del órgano jurisdiccional y de su titular, el señor juez de la causa. Me parece que es una decisión acertada; una postura también institucional en materia de derechos humanos y un avance de cara al criterio de oportunidad, porque ella, al igual que su hijo y el resto de la familia, ha estado colaborando y esto la va a impulsar a seguir colaborando aún más con las instituciones del Estado para lograr finalmente la extinción de la acción penal”.

Agregó que “éste es el inicio de una nueva etapa en el marco del caso Odebrecht. Se están tomando una serie de decisiones acertadas, en este caso por parte del Poder Judicial de la Federación, y pronto, espero, veamos también a Emilio fuera de prisión y cooperando con la Fiscalía General de la República”.