“Nuestro camino está bien dirigido. Si algún día tambaleamos, tenemos nuestros principios de mandar obedeciendo, construir, proponer”, dice sin titubeos el defensor del territorio Miguel López Vega, rodeado de sus compañeros y compañeras de los pueblos de la región de los volcanes de Morelos y Puebla, quienes no pensaban irse sin él luego de una inusual e ilegal audiencia en la casa de justicia de San Andrés Cholula, en la que se pretendía volver a levantarle cargos por los que ya había sido absuelto.
“Dicen ellos que me perdonan, como si yo fuera el delincuente. Si esta es su forma de desistir y de decir que no encontraron pruebas de que nosotros somos criminales, ese es su problema”, explica el también radialista comunitario de Zacatepec, luego de que las autoridades no pudieron sostener la acusación por los delitos fabricados de daños a propiedad ajena y uso de explosivos para la presunta quema de una camioneta de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEAS).
El Ministerio Público solicitó 10 días hábiles a partir del 30 de marzo para retirar por completo los cargos por los que López Vega fue detenido en enero de 2020, como parte de la criminalización de la lucha contra las obras de un colector de desechos industriales que contaminaría el río Metlapanapa. La intención de reabrir un caso juzgado después de dos años provocó la solidaridad de cientos de organizaciones y colectivos de México y del mundo, además del acompañamiento de académicos, activistas y defensores del territorio del país.
La resolución, insiste Miguel, “es una respuesta a la organización de los pueblos, al apoyo de los comunicados, de las firmas, de los audios”. E insiste en que “hay que seguir caminando y apoyando a los demás compas que están en la cárcel, a los demás perseguidos. Seguir luchando por lo que nos corresponde”.
Además de luchar contra el colector de desechos, López Vega también forma parte de la resistencia contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) en Puebla y contra el saqueo que llevan a cabo empresas trasnacionales como Bonafont. En resumen, es parte de “la lucha por la vida, por el agua, por lo que somos y por que como pueblos podemos decidir cómo vivir”. De eso se trata.
