Las condiciones de desigualdad estructural existentes, sostenidas y recrudecidas por dinámicas de violencia generalizada hacia grupos históricamente discriminados, han ocasionado el desplazamiento de comunidades, grupos y personas de sus lugares de origen hacia la búsqueda de condiciones más dignas para vivir y habitar. Durante este transitar, sus vidas han sido impactadas de maneras diversas, casi siempre afectadas por las violencias ejercidas hacia sus derechos y sus cuerpos, despojándoles no sólo de sus sueños y sus orígenes, sino incluso de su propia vida a manos de otros, tal como sucedió con al menos 38 personas en la Estación Provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Las fronteras territoriales consolidadas en la conformación de los estados-nación han dividido comunidades, culturas y sociedades a través de la construcción de la figura de la otredad, como ese ente ajeno que debe rechazarse, eliminarse y evitar que se adentre a “nuestros terrenos”. Ha sido la utilización de esa diferencia con la otra, otre y otro considerada argumento válido para despojar de dignidad y colocar en situación de vulnerabilidad a personas y comunidades diversas que atentan contra los intereses de élites y sistemas hegemónicos. Bajo esta lógica es que las políticas migratorias y de “seguridad nacional” se han construido a lo largo del tiempo, edificando muros no sólo físicos y culturales, sino humanos. Esos muros nos obstaculizan mirar a la otra persona desde la humanidad que somos y conformamos como comunidad en movilidad continua entre las tierras que habitamos, que no son de nadie, sino de todas, todes y todos. Porque migrar es un derecho humano y los derechos humanos no necesitan pasaporte, sino autoridades competentes que los garanticen y protejan ante cualquier situación que contravenga la dignidad humana.

Pero, ¿por qué nos vamos?, ¿qué es lo que dejamos?, ¿qué es lo que llevamos? Nos vamos por la falta de oportunidades laborales que impiden habitar en dignidad nuestros territorios, la constante violencia ejercida por el narcotráfico y el Estado hacia comunidades que defienden sus recursos, la persecución política a quienes deciden levantar la voz ante las violaciones a sus derechos humanos, porque migrar no es un delito, sino que es el resultado de un desplazamiento humano forzado. Dejamos nuestra comunidad, nuestros lazos afectivos, nuestra semilla en un territorio invadido por la desigualdad social y la violencia estructural que nos destierra del origen de lo que somos. Nos llevamos sueños, esperanzas, nombres, historias de lucha y resistencia y sobre todo, nuestra dignidad, que debe garantizarse por todos los gobiernos nacionales, estatales y locales a través del derecho a la movilidad humana. Por esto, las instituciones migratorias competentes deben garantizar este derecho con protocolos de seguridad, salud y atención jurídica basados en los más altos estándares de derechos humanos, con el objetivo de salvaguardar la vida de las personas que transitan por los diversos territorios y prevenir catástrofes humanitarias, como lo acontecido en Ciudad Juárez. Ante ello, es necesario una transformación de las políticas migratorias a acciones con enfoque de derechos humanos, interculturalidad y perspectiva de género dentro de las estaciones en los distintos límites fronterizos que atiendan las necesidades de las personas migrantes y prevengan su criminalización, discriminación, detención arbitraria y hostigamiento policial. Es importante mencionar que ninguna estación migratoria ni albergue gubernamental tendría que fungir de cárcel ni espacio de retención contra la voluntad de las personas migrantes y su derecho a transitar libremente. Habrá que reflexionar, por un lado, a quiénes el gobierno mexicano ofrece refugio, asilo y atención migratoria con trato humano y, por otro, a quiénes se les criminaliza, condena arbitraria y violentamente por ejercer su derecho a la movilidad humana. Porque no se necesita pasaporte para que la dignidad de las personas migrantes sea válida, sino reconocerles como personas, sujetas y sujetos de derechos con dignidad y humanidad que buscan condiciones de vida dignas en otros lugares ante la omisión y garantía de sus derechos humanos en gobiernos que sólo responden a las necesidades e intereses de unos cuantos. Por ello, se hace el atento llamado a que el gobierno mexicano garantice la protección y el ejercicio de los derechos humanos de las personas en tránsito libre bajo los más altos estándares en dicha materia, responsabilizando a quienes violenten estos principios y pongan en riesgo la vida de personas migrantes.

Que el derecho a una movilidad humana no esté llena de delitos, violaciones e injusticias y, mucho menos que nos cueste la vida, sino que logremos transitar a un mundo donde quepan muchos mundos y donde la tierra sea de todas, todes y todos.