Buenos Aires., Una corte de Nueva York condenó a Argentina por la expropiación de la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012 y ordenó indemnizar a los accionistas perjudicados de los fondos Burford Capital y Eton Park.

Hace una década el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) expropió mediante una ley del Congreso 51 por ciento de las acciones de YPF, en ese entonces bajo control de la española Repsol. El porcentaje restante se distribuyó entre provincias petroleras.

La ley de expropiación aprobada por el Congreso argentino declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos.

Repsol, que había adquirido YPF en 1993, fue indemnizada con 5 mil millones de dólares en 2014.

El fallo favorece a los fondos Burford Capital y Eton Park, que reclamaban que, en el momento de la estatización de YPF, Argentina debía haber realizado una oferta de adquisición por toda la empresa y no sólo por una parte.

Los accionistas minoritarios Petersen Energía Inversora y Eton Park demandaron a Argentina y a la petrolera ante una corte de Nueva York entre 2015 y 2016, alegando incumplimiento del contrato. Luego el fondo inglés Burford Capital adquirió la demanda de Petersen y continuó con el litigio.

“El tribunal considera que los demandantes fueron perjudicados por Argentina, porque ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada, pero no lo hizo”, concluyó la jueza Loretta Presk del distrito de Nueva York en una resolución difundida este viernes.

En un fallo dividido, la jueza Presk condenó al Estado argentino, pero eximió a la petrolera YPF por considerar que “no era garante de las obligaciones de la república”; reconoció que en lo inmediato no puede cuantificar la compensación, porque no puede precisar la fecha en que Argentina activó su obligación de oferta pública de adquisición. Por tanto, “el tribunal se reserva el juicio sobre la tasa precisa que utilizará”, señaló.