Los migrantes en situación irregular que han sido llevados a la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez se sextuplicaron en el primer bimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022, según cifras del propio órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
Luego de que el 5 de enero de este año, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció nuevas acciones de aplicación de la ley para limitar la migración “sin orden y en condiciones de inseguridad”, la llegada de migrantes a la estación provisional de Ciudad Juárez entre enero y febrero de este año (la mayoría de Centroamérica) se incrementó 490 por ciento con relación a los que recibieron en el primer bimestre de 2022.
Este incremento está vinculado a que el gobierno estadunidense señaló que además de aplicar el Título 42, que implica evitar la solicitud de asilo a quienes ingresan a ese país y son expulsados de inmediato hacia México, aplicaría nuevas medidas basadas en elevar el uso de la extracción expedita, así como ampliar el proceso probatorio a los migrantes de Nicaragua, Haití y Cuba, el cual empezó a finales de 2022 con los venezolanos, excepto para los procedentes de los países centroamericanos.
A partir de estas medidas anunciadas por Biden, tan sólo en enero de este año alrededor de 85 migrantes fueron presentados al día en la estación provisional del INM en Ciudad Juárez, ya que en ese mes un total de 2 mil 642 personas en situación migratoria irregular fueron llevadas a esta dependencia, lo cual representa seis veces más la cantidad de migrantes que ingresaron en enero de 2022, con un total de 398. Mientras que en febrero de este año llegaron mil 630 y 325 en el mismo mes de 2022.
Este incremento súbito se presentó tras las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos, asegurando en una hoja informativa de su embajada en México que se aplicarían “en estrecha colaboración” con nuestro país, porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que las personas que no puedan acogerse al proceso probatorio serán expulsadas a México, por lo que “hay disposición para admitir el retorno de 30 mil personas al mes de Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela”.
Al respecto, la organización WOLA alertó en ese momento que esta política del gobierno de Biden “podría suponer una presión de Estados Unidos sobre México para que siga aceptando expulsiones de ciudadanos y ciudadanas de otros países a través de la frontera terrestre, lo cual expone a las personas migrantes expulsadas a graves peligros en México”.
Según esta organización dedicada a promover los derechos humanos en América, más de 90 por ciento de las personas expulsadas de Estados Unidos que buscaban protección fueron enviadas a México, “donde hemos documentado patrones de abuso sistemático, incluyendo asaltos, violaciones y secuestros con rescate”.
Las cifras del INM señalan que entre enero y febrero de este año 4 mil 272 migrantes en situación irregular fueron presentados en la estación provisional de Ciudad Juárez, mientras que en el mismo bimestre de 2022 apenas 723 personas en situación migratoria irregular fueron llevadas a este recinto del órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación.
