La discriminación más extendida, practicada y legalizada en el mundo es la que se practica en función de la nacionalidad. El principio de igualdad de todas las personas ante la ley tiene un agujero negro cuando entra en escena el pasaporte o el lugar de origen, y ni en las más elogiadas democracias del mundo se otorgan los mismos derechos a un oriundo del país que a un extranjero. El caso más palpable es la libertad de tránsito, un derecho humano utópico que está presente en convenciones internacionales y en constituciones nacionales pero que ningún gobierno respeta; en los hechos, la capacidad de cruzar libremente las fronteras de una nación está limitada, en el mejor de los casos, a quienes pueden ostentarse como nativos o naturalizados, y condicionada al resto de los seres humanos al cumplimiento de diversos requisitos: pasaporte, visa, pago de derechos, comprobación de solvencia económica y demás. La comunidad internacional viene de una consigna no tan lejana de dar muerte al extranjero y parece dirigirse –ojalá– a la convicción de que es necesario matar a la extranjería como (des)calificación de determinadas personas.
En México, tierra de origen y de tránsito de migraciones masivas, estas contradicciones están particularmente vivas. En la historia nacional, ningún gobierno había hecho y dicho tanto a favor de los migrantes como el actual. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acompañado su prédica diaria, o casi diaria, a favor de los derechos de los extranjeros en general y de las personas en tránsito en particular, con acciones contundentes, como la iniciativa de derogar el infame artículo 33 de la Constitución. Además de la motivación de justicia social y desarrollo regional, las obras de este sexenio y programas sociales como Sembrando Vida y Construyendo el Futuro tienen como propósito mejorar las condiciones en los entornos expulsores de población; atacar la pobreza, la inseguridad y los fenómenos de descomposición social son las formas más radicales de combatir las emigraciones por hambre, por violencia y por falta de horizonte de vida. Tal estrategia no sólo busca evitar que más personas se vean compelidas a tomar los caminos que van hacia el norte, sino también hacer deseable el retorno para quienes están allá.
Pero la Cuarta Transformación no ha actuado únicamente en el ámbito nacional, sino que ha extendido la aplicación de tales programas a Honduras, El Salvador y Guatemala, y se apresta a hacerlo también en Belice y otras naciones expulsoras de población. En los dos primeros de esos países centroamericanos, decenas de miles de campesinos y de jóvenes están siendo disuadidos de emigrar mediante la creación de condiciones favorables para el trabajo en el campo y la vinculación con fuentes de trabajo. Ello se ha logrado en estricto respeto a las soberanías ajenas y con una colaboración casi exclusivamente simbólica de Washington, que debiera ser el principal interesado en desalentar los torrentes humanos con destino a su territorio. Es importante destacar que, además de operar tales programas en distintos lugares del agro y las ciudades del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) mantiene una misión en Tapachula que propone a migrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos incorporarlos a Sembrando Vida y Construyendo el Futuro en sus países de origen.
En contraste con estas estrategias, las delegaciones fronterizas del Instituto Nacional de Migración siguen operando como instancias policiales de contención y represión de la migración, en contradicción con el espíritu humanista y abierto del gobierno federal. La práctica de encerrar (detener, retener contra su voluntad, capturar, privar de la libertad, encarcelar, pónganle la expresión sinónima que quieran) a los extranjeros indocumentados sigue siendo habitual, a pesar de que la estancia sin documentos en el país no es un delito, sino, a lo sumo, una falta administrativa. La arbitrariedad y los atropellos de toda clase se sustentan en una xenofobia ancestral que habita incluso en funcionarios y representantes formalmente adscritos a Morena. Y es en este contexto que ocurrió la tragedia de Ciudad Juárez. Lo que el Presidente llama “el elefante reumático” aplastó 39 vidas de individuos que no habrían debido estar recluidos bajo llave en un recinto oficial.
Independientemente de la atroz política en contra de los migrantes que caracteriza al vecino del norte, México debe avanzar en la erradicación de los remanentes xenófobos y represivos que persisten en su legislación y en su institucionalidad y apresurar el paso en la formulación de una estrategia de Estado que garantice la integridad y los derechos de todas las personas, migrantes o no, en tránsito o en residencia, extranjeros y nacionales. Acabar con la noción de extranjería como pauta gubernamental es un pendiente ético y práctico de ese país nuevo que aún no termina de nacer.
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