Contrario a lo que actualmente señala la legislación minera, esta actividad dejará de ser preferente y las empresas tendrán que consultar a las comunidades indígenas para instalarse; garantizar la seguridad física de sus trabajadores con riesgo de pena de cárcel en caso de incumplir, y deberán restaurar los sitios al momento de su cierre, señala la iniciativa para modificar las concesiones para minería y agua, enviada por el gobierno federal.

En tanto, el colectivo Cambiémosla Ya, integrada por académicos, organizaciones y pobladores, que desde hace cuatro años ha demandado el cambio de la norma minera, señaló que la actual legislación ha dejado pobreza, desplazamiento forzado y escasez de agua, entre otros problemas, aseguró ayer en conferencia de prensa.

Consideró que la iniciativa recoge la mayoría de los puntos que ha planteado, como que la minería no debe ser de interés público ni preferente sobre la conservación, agricultura campesina y el acceso al agua de la población. Además, señaló, reduce el plazo de la concesión, como la mayor parte de los países, a un máximo de 30 años y no de un siglo, como ocurre actualmente.

Un documento de las secretarías de Medio Ambiente y de Economía y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que resume el proyecto enviado esta semana a la Cámara de Diputados, presenta un diagnóstico en el que destaca que hay 23 mil 441 concesiones vigentes en 15.7 millones de hectáreas, que representan alrededor de 8 por ciento del territorio nacional, mientras sus aportaciones fiscales son de sólo 0.4 por ciento del PIB nacional y 43.8 por ciento de la inversión es extranjera.

Agrega que hay 15 millones de hectáreas propiedad de 5 mil núcleos agrarios afectadas por concesiones mineras, y que entre 2013 y 2018 hubo 169 proyectos mineros detenidos por oposición de las comunidades.

Además, 19 por ciento de los permisos para minería metálica están en acuíferos sobrexplotados, y de 23 mil 441 contratos vigentes, 17 mil están en entidades con fuerte escasez de agua como Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Coahuila y Sinaloa. Sumado a ello, el uso del agua de laboreo es 2.9 veces mayor al volumen total del agua concesionada.

La iniciativa plantea que toda el agua utilizada deberá ser concesionada y prohíbe la transmisión de concesiones para este sector; pone fin a la especulación de las mismas y prohíbe la minería en áreas naturales protegidas.

Señala que a los propietarios de mineras que menoscaben la seguridad física de sus trabajadores se les impondrán penas de cinco a 10 años de prisión y multa de 5 por ciento de sus ingresos, más 10 mil veces la unidad de medida y actualización al día, pues sólo de 2013 a 2023 se calcula que han muerto 270 trabajadores en las minas.