Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no sancionar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) –y sus institutos aliados– por el presunto financiamiento ilegal de las empresas Odebrecht y OHL –a través de Emilio Lozoya– a las campañas de los entonces candidatos Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo.

Argumentó –entre otros puntos– que la Fiscalía General de la República (FGR) le negó acceso a la información crucial del caso.

También dejó sin sanción al PRI por la llamada Operación Safiro, la triangulación de 250 millones de pesos de las arcas federales a las estatales de Chihuahua, en 2016; esos recursos que fueron a parar a empresas fantasmas, cuyos accionistas – en dos de cinco compañías– eran prominentes militantes del PRI.

Los dos asuntos fueron resueltos en la última sesión encabezada por Lorenzo Córdova Vianello; en los hechos, en ambos, el INE dejó libre de culpa al partido tricolor.

En el comunicado oficial se lee: “El INE, imposibilitado para sancionar a partidos por el caso Ode­brecht y la Operación Safiro”.

Córdova adujo que el tema Odebrecht se asemeja al de Amigos de Fox, es decir, “implicó una batalla de esta institución para poder allegarse de información que le fue negada sistemáticamente por las autoridades encargadas de la supervisión de la información financiera”.

Apuntó entonces que la FGR les negó de plano toda la información alegando el secreto ministerial.

Y aunque el caso llegó al Poder Judicial, “lamentablemente, por el tiempo transcurrido desde la presentación de esta denuncia, pues hoy nos vemos obligados a tener que cerrar este caso”, manifestó.

Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE, dijo que aunque los expedientes muestran irregularidades graves en materia de financiación de la política, incluso actos de corrupción internacionales, se declaran en el INE infundados, precisamente a unos días de que concluyan su gestión cuatro consejeros, incluido Córdova.

“Parecería que tenían ese pendiente de dar carpetazo a estos asuntos y se presenta aquí una justificación; qué buena coartada decir ‘no, pues no podemos investigar, porque la fiscalía no nos da los elementos para investigar’.

“De verdad es una coartada muy buena. Pero no se cree cuando se ve cómo se ha comportado el INE y su Unidad de Fiscalización… La verdad es que aquí se está exonerando y no se puede decir otra cosa.”

Y si bien en ese tema los consejeros cerraron filas, en cuanto a subrayar la actitud de la FGR, donde sí hubo división fue en el caso Chihuahua.

Sin comprobación

Todos reconocieron irregularidades en la trama, pero una mayoría sostuvo que no se pudo comprobar que los recursos fueron a parar a las arcas del PRI.

La consejera Claudia Zavala, siempre mesurada en su tono a la hora de exponer, alzó la voz para advertir que no apoyará este tipo de proyectos.

“¿Está acreditado el ilícito? ¡Claro! No me pueden decir que no hay empresas fachadas, no me pueden decir que no hay un entramado de una administración ilegal, ilícita.”

Mencionó entonces que el texto original, elaborado por la Unidad de Fiscalización del INE, avalaba la infracción, pero la Comisión de Fiscalización, donde votan los consejeros, dio el viraje, pese a que el modus operandi se fue configurando.

Adriana Favela, quien también concluye su gestión el lunes, indicó que “se tiene que tomar en cuenta que Alejandro Gutiérrez –entonces secretario general adjunto del tricolor y accionista en algunas de las empresas involucradas– fue absuelto”.

Por otra parte, el INE impuso una multa de 500 mil pesos a la asociación civil Que Siga la Democracia por haber incluido casi 15 mil firmas de personas fallecidas, en apoyo a la consulta de revocación de mandato.