Más de mil 600 académicos y trabajadores administrativos de los Centros Públicos de Investigación (CPI), adscritos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), suscribieron una carta de apoyo a la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que será discutida en el Congreso.
Antes del inicio de los foros de Parlamento Abierto sobre la nueva norma, que se realizan en el Palacio Legislativo de San Lázaro, investigadores y personal de los CPI señalaron que la iniciativa “reconoce el papel fundamental de los centros, además de impulsar una agenda nacional democrática, pertinente y transversal”.
El documento presentado, que hasta este jueves estaba suscrito por mil 687 trabajadores de los centros de investigación, destaca como aspectos positivos el que la iniciativa “reivindica el carácter humanista y dialógico de la política científica y tecnológica del país, la cual fortalece a las comunidades, al desarrollo de capacidades y a la soberanía nacional”.
Se impulsa el avance del conocimiento
Académicos y administrativos firmantes subrayan que un atributo principal de la nueva norma es que crea el Sistema Nacional de Centros Públicos, que tendrá, entre otros objetivos, “impulsar el avance del conocimiento universal; realizar investigación en ciencia básica y de frontera; fortalecer el desarrollo de tecnologías estratégicas, así como promover la aplicación novedosa de las ciencias y las tecnologías en el mejoramiento o generación de nuevos productos, servicios, procesos productivos o sistemas de gestión”.
Lo anterior, afirman en la carta, “es con apego pleno a los principios de pluralidad y equidad epistémicas, con lo que se reconoce la libertad de pensamiento de los CPI”. Además, destacan, se favorece una mejor articulación de los centros, lo que permitirá una operación “más transparente, pues propone una mayor participación de las comunidades a través de órganos de representación y consulta sustantiva”.
Entre ellos, indicaron,una asamblea del personal de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación, así como un consejo consultivo y una comisión dictaminadora, además de los órganos de gobierno y del comité externo de evaluación.
Destacaron que la iniciativa integra a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley Orgánica del Conacyt, “al incluir en su contenido tanto la parte sustantiva de la política pública en la materia, como la parte operativa y orgánica del consejo y los CPI”, y favorece un incremento del financiamiento progresivamente, en beneficio de los centros.
