La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma constitucional que suspende el derecho de los agresores por causa de género y deudores de pensión alimenticia a ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público. La iniciativa recibió el aval de 455 legisladores, incluidos siete del PT, mientras 25 de sus integrantes se abstuvieron.

Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena, señaló que esta reforma “da certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores como servidores públicos” y limita el acceso a los cargos públicos y de poder “a los sancionados con sentencia firme al pretender participar como candidatos.

“El mensaje es claro: ninguna persona agresora o deudora alimentaria tendrá cabida ni espacio en este ni en ningún otro gobierno. Nuestros impuestos no pueden ser destinados a cubrir los gastos de quienes atentan contra la integridad y la vida de las mujeres y de las infancias.”

No es posible, aseveró, que “la misma persona que violó, agredió sexualmente, atacó a una mujer o incumplió con su obligación alimentaria con su familia sea partícipe de la toma de decisiones o de las operaciones en las instituciones de este país”.

Blanca Alcalá (PRI) afirmó que la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución, también conocida como 3 de 3, impactará en los tres niveles de gobierno. El reto contra la violencia es grande, destacó, pues al concluir el día “al menos 20 mujeres habrán sufrido algún tipo de violencia y 11 de ellas perderán la vida por feminicidio”.

La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, garantizó que “en las elecciones de 2024, ningún partido político proponga como candidato a una persona que ha ejercido violencia contra las mujeres y su familia. El poder estará del lado de las víctimas y no de los victimarios, que durante años se han escondido al amparo del fuero y de las instituciones”.

Por el PT, Lilia Aguilar dejó claro que con la reforma “las mujeres estamos avanzando en nuestros derechos y no permitiremos más que se nos violente”.

Tras pronunciarse en contra por considerar que la reforma, que pasa al Senado, se puede utilizar “perversamente” con fines políticos, Gerardo Fernández Noroña expresó: “¿Van contra mí? Están dándole armas a la derecha”.