El Partido Acción Nacional (PAN) buscó reventar anoche la sesión en la que diputados discutían reformas constitucionales, al demandar justicia por los 39 migrantes que murieron en la estación del INM de Ciudad Juárez, Chihuahua, un asunto que no estaba considerado en la agenda y que provocó un cruce de acusaciones del blanquiazul con Morena y PT por tragedias ocurridas en sexenios anteriores, como el incendio en la Guardería ABC.
Les dijeron que son traidores a la democracia, de servir a la derecha y de dejar un INE obeso, “con un marranote para el pago de liquidaciones y demás prestaciones para la burocracia dorada”.
Indignada por la actuación de los panistas, que forzaron la discusión del punto, Margarita García (PT) soltó: “¡No se vale que lucren con el dolor de los migrantes! ¡Malditos asesinos y cobardes! Conformemos una comisión de la verdad y no estén celebrando la muerte. Esos son los verdaderos panistas, ¡malnacidos, no tienen vergüenza!”
Mientras exhibían cartulinas con la frase “no son cifras, son personas”, los del PAN acusaron que “fue el Estado” el responsable de la muerte de los migrantes. En al menos tres ocasiones contaron del uno al 39, frente al rechazo de morenistas y aliados. Cada uno de los panistas que fijó postura sobre la modificación constitucional en materia de bienestar y trato digno a los animales, condenó lo sucedido en Ciudad Juárez. “A los migrantes los asesinó la negligencia, la indolencia, la ineficacia y la corrupción de este gobierno federal”, afirmó Mario Riestra Piña.
“Y que se escuche claro y fuerte: no murieron, los mataron y los López lo sabían. ¡Justicia para los migrantes!”, remarcó Rosa María González Azcárraga.
Joaquín Zebadúa (Morena) resaltó que no hay comparación con las masacres ocurridas en sexenios anteriores. “Aquí hay familiares de responsables de la tragedia de la guardería ABC”, dijo, en alusión a Margarita Zavala.
“Es evidente que la bancada del PAN ha estado utilizando esta sesión para introducir un tema que no forma parte de los hechos ni de las iniciativas constitucionales” acordadas, y “no podemos seguir permitiendo su política de carroña. Si quieren, le entramos al debate, porque tenemos pruebas”, dijo Susana Prieto, también de Morena. Son “falsos e hipócritas”, terció su compañera Olga Leticia Chávez.
Desde su curul, José Elías Lixa refutó que “al PAN no lo amenaza ningún grupo parlamentario. Dígannos de qué lado quieren nuestros votos. Como lo declaró en la mañanera, el Presidente sabe lo que sucede, fue el Estado, no murieron, los mataron”.
El pleno de los diputados aprobó anoche, además, una reforma para incluir el tráfico ilegal de armas en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Con la enmienda se busca “fortalecer la política criminal nacional, de tal manera que se contribuya a la reducción de la incidencia delictiva de conductas que vulneran gravemente la integridad de las personas, así como a la seguridad pública y nacional”, explicó Morena en un documento.
La bancada explicó que el tráfico ilegal de armas en México es uno de los problemas de mayor trascendencia en los años recientes, no sólo por el incremento en su uso, sino porque han contribuido a agravar la inseguridad y violencia.
“Realmente preocupante el tráfico de armas para el gobierno federal que, en 2022, presentó dos demandas ante autoridades jurisdiccionales estadunidenses, en las cuales alegó que vendedores de dicho país participan en ese negocio, que incluye las de tipo militar, en favor de organizaciones criminales en México.
Esto a través de prestanombres o agentes dedicados a ingresar de manera ilegal armas al territorio mexicano”, explicó.
La reforma se envió al Senado para su revisión.
El pleno dejó pendientes varias reformas a la Constitución, entre ellas la reducción de 21 a 18 años la edad para ser diputado, y de 30 a 25 la edad para ser titular de una secretaría del gabinete presidencial. Este segundo cambio fue propuesto por la vocera de Morena, Andrea Chávez Treviño, quien tiene 26 años y que, según sus propios compañeros, aspira a ser secretaria en el gobierno federal a partir de 2024.
Ambas reformas se enviaron al Senado para su revisión y eventual aprobación.