Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se declaró anoche inocente de la acusación de presunto peculado por el caso El Gran Padrino, por el cual afronta un eventual juicio político aprobado por la Corte Constitucional.

“Primero, soy inocente. En mi vida personal, profesional y pública siempre he actuado con recta intención, por tanto rechazo este juicio político que huele muy mal”, expresó en un mensaje a la nación en el que lo acompañó su esposa María Lourdes Alcívar y un grupo de 50 ciudadanos.

Destacó que está viviendo “un ataque sistemático y mafioso para pretender asesinar su reputación”, por lo cual se defenderá legalmente. Aún así, aseguró que ,“como demócrata”, respeta la decisión de la Corte Constitucional, que antier autorizó el inicio de un proceso de juicio político contra el mandatario por presunto peculado en la Asamblea Nacional, donde no tiene mayoría y se ha enfrentado con legisladores.

Entre las pruebas citadas por la oposición está que Lasso habría sido advertido por el ex gerente de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Johnny Estupiñán, sobre irregularidades en un proceso de contratación de transporte de petróleo con Amazonas Tanker Pool.

Estupiñán fue removido del cargo en marzo de 2022 por intentar rescindir el contrato, y en julio se firmó un nuevo convenio con la misma empresa, en contra de las advertencias de la Contraloría del país, indica el expediente.

Según Lasso, el proceso que prepara la Asamblea es jurídico, político y personal. El primero, dijo, es el más débil de los tres, “porque el objetivo es claro: los asambleístas interpelantes han hecho caso omiso de la Constitución, ya que señalan en su escrito que su intención es reprochar al presidente su gestión”.

A criterio del gobernante, las acusaciones por supuesta concusión, que fueron inadmitidas por la Corte, no tenían sustento y la de peculado se fundamenta en el uso de fondos públicos a beneficio propio.

“Tampoco hay prueba de esto, los delitos exigen pruebas y no las hay”, aseguró el presidente, y resaltó que el contrato de la Flopec se firmó en diciembre de 2018 “con un alcance 2020. No me pueden atribuir algo que no hice porque (en esa fecha), no era presidente”.

La legisladora opositora Viviana Veloz, quien presentó el pedido de juicio político junto con otros 59 asambleístas a mediados de mes, aseguró que sí hay pruebas.