La firma de energía canadiense, ATCO, tomó la decisión de transferir al gobierno de México la propiedad de un gasoducto que no está terminado entre Hidalgo y la Ciudad de México. Lo anterior tiene como propósito poner fin a una serie de disputas que la empresa privada mantiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según revelaron fuentes a Reuters.

Se trata del proyecto Ramal Tula, que comenzó su construcción en 2014 y que forma parte de los proyectos que la actual administración mandó a revisión desde el inicio de la gestión.

Según las fuentes, la decisión se tomó luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se reuniera en enero de este año con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y ambas partes acordaran poner fin a la situación.

De acuerdo con los reportes, la CFE realizó un pago a ATCO por 100 millones de dólares a finales de 2021, ya que la firma canadiense reclamó daños, intereses y honorarios por la suspensión de la construcción del gasoducto.

En este sentido, el acuerdo al que llegó la CFE con la empresa canadiense deja a la empresa privada sin ningún tipo de responsabilidad por el proyecto inconcluso, y será el gobierno quien se encargue de terminar la obra.

Información oficial detalla que el gasoducto Ramal Tula tendrá una extensión de 17 kilómetros. Su principal función sería suministrar gas natural a una central eléctrica ubicada al norte de la Ciudad de México y la inversión estimada en un principio ascendía a 65 millones 686 mil dólares.