La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado mexicano a conducir las investigaciones del incendio en una estancia provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, “en su rol de garante de la integridad de migrantes bajo custodia”.

Recordó que los estados deben tomar medidas para erradicar la privación de la libertad de personas en contexto de movilidad. “Deben garantizar que la detención se utilice excepcionalmente, según lo autorizado por la ley y cuando sea estrictamente necesaria, razonable y proporcional a un propósito legítimo”.

La Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas (Red Clamor) sostuvo que “la detención de personas migrantes es un agravio a sus derechos humanos” y solicitó que “se realicen las diligencias adecuadas para identificar a los responsables”, a fin de que “tales situaciones no se repitan y que la calificación de la irregularidad migratoria no sea abordada como delito que derive en privación de libertad”.

Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán y presidente de la Red Clamor, añadió que “la situación en estas circunstancias amerita medidas cautelares para evitar la violación a los derechos humanos de las personas forzadas a migrar”.

La red expuso que “la migración irregular no justifica la criminalización que los sitúa como delincuentes”, al grado que son recluidos “en sitios contrarios a la dignidad humana”.

Arrastrados al peligro

Amnistía Internacional (AI) México señaló que lo sucedido “es un botón de muestra de lo que ocurre en la mayoría de los centros de detención”. La directora ejecutiva, Edith Olivares, expuso que la existencia de estos espacios refleja “una política criminalizante de la migración, que no respeta ni garantiza los derechos de las personas a migrar, que además está arrastrándoles a peligros que pueden derivar incluso en la muerte”.

Al presentar su informe anual, AI reiteró el llamado a los gobiernos de Estados Unidos y México “a relaborar su política migratoria, que sea garante de los derechos humanos”.

En un comunicado agregó que la tragedia es consecuencia de las “restrictivas y crueles políticas migratorias” de ambos países.

Destacó que el INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) forman parte de las 10 autoridades con mayor número de quejas interpuestas por violaciones a derechos humanos. El INM “ocupó el tercer lugar, con mil 997 denuncias, y la Comar el décimo, con 333”.

Denunció la retórica del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y de las autoridades migratorias mexicanas, a quienes acusó de responsabilizar a los migrantes por el incendio.

El papa Francisco pidió durante su audiencia general en la plaza de San Pedro rezar “por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio”.