De acuerdo con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, suscrito por México en 2018, las detenciones en estaciones como las del Instituto Nacional de Migración (INM) deben ser la última opción, pero esto no ocurre, aseveró la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

A su vez, en informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elaborados en 2019, el organismo advierte que en dichos centros los migrantes “permanecen en celdas bajo llave y sometidos a un tratamiento similar al que reciben aquellas personas que han infringido la ley penal”.

La OIM ha registrado detenciones de personas “que no tendrían por qué estar ahí, por ejemplo: víctimas de delitos graves o que tienen familiares en el país”, señaló Alberto Cabezas Talavero, coordinador de comunicación del organismo dependiente de Naciones Unidas.

De acuerdo con la legislación mexicana, los extranjeros en situación irregular pueden estar en estos sitios “un tiempo, pero debe haber condiciones mínimas”, agregó.

Recordó que el objetivo 13 de los compromisos internacionales que adquirió México con el pacto mundial para la migración señala que la detención de personas en movilidad puede utilizarse sólo como último recurso, pero se deben priorizar otras alternativas.

En entrevista expuso que la muerte de 39 personas en el incendio en la estancia provisional de Ciudad Juárez debe llevar a reflexionar sobre “cómo debemos tratar a las personas migrantes que están en México, qué alternativas tenemos a encerrarlas en un lugar donde las condiciones no son las ideales”.

Por su parte, en un informe especial de 2019 sobre estaciones migratorias, la CNDH recalcó que en estos recintos “hay personal de guardia, en algunos casos armado, que vigila la entrada y las zonas cercanas”.

En las estancias de Acayucan, Veracruz; Iztapalapa, Ciudad de México, y Tapachula, Chiapas, se encontraron torretas de vigilancia y dentro “también hay personal de seguridad privada con toletes y las áreas comunes son videograbadas; incluso se encontraron espacios de aislamiento”. Destacó que la primera impresión al ver las instalaciones “es que son centros de detención carcelaria o de reinserción social”.

Además, indica que en más de una década y pese a la entrada en vigor de la actual Ley de Migración, las características de los centros migratorios “no han cambiado, continúa un modelo carcelario”, basado “en un esquema de protección de la seguridad nacional en detrimento de la seguridad humana y de respeto a sus derechos humanos”.

Por ello, el organismo nacional concluyó que el actual modelo “no puede seguir subsistiendo, ya que no atiende las particularidades o situaciones de especial vulnerabilidad” de los migrantes; por el contrario, “generaliza la situación de éstas, no busca proteger sus derechos ni atiende a sus necesidades particulares”.