Hace unas semanas Gary Lineker suscitó una controversia en los medios de comunicación británicos al declarar en Twitter que el gobierno de su país aplicaba a las personas inmigrantes un lenguaje similar al utilizado por los nazis en los años 30 para referirse a los judíos. Lineker, capitán de la selección inglesa durante el Mundial de México 86, fue suspendido y posteriormente restituido en su programa semanal de la BBC. Sus comentarios aludían al discurso de Suella Braverman, titular del Ministerio del Interior cuando se presentó una ley migratoria que pretende dar al gobierno la facultad de “remover de inmediato a quienes lleguen en embarcaciones de manera ilegal”. En su discurso en el Parlamento, la funcionaria del actual gobierno conservador afirmó que a “los británicos patrióticos” ya se les había acabado la paciencia.
En Estados Unidos, el Departamento de Servicios Humanos y de Salud también ha sido criticado por el modo impersonal de abordar la migración de menores. El secretario Xavier Becerra criticó a sus subordinados por ineficaces. Comparó sus procedimientos con una línea de producción fordista: “Si Henry Ford hubiera visto esto en sus fábricas, jamás habría llegado a ser rico y famoso”, se quejó Becerra en una reunión privada, de acuerdo con un audio difundido por The New York Times. La institución a su cargo es responsable de hacer una investigación para cerciorarse de que los menores vayan a vivir con personas que garanticen su seguridad.
De Hannah Arendt a Judith Butler se ha reflexionado sobre las formas de precarización simbólica de las poblaciones enmarcadas por el poder como amenaza. Es ampliamente conocido cómo el gobierno de Hitler despojó de muchos de sus derechos a los judíos alemanes antes de enviarlos a terceros países como Polonia. La manera de nombrarlos formó parte de esa precarización simbólica previa a su exterminio durante la guerra.
El pasado lunes murieron al menos 38 migrantes en el incendio de un centro de detención del Instituto Nacional de Migración, ubicado en uno de los puentes internacionales. Su deceso, mientras se encontraban en custodia de las autoridades mexicanas, evidencia la manera improvisada e irresponsable con que se trata a las poblaciones en movilidad en México. También denota la ambivalencia discursiva oficial. Se llamó albergue a lo que en realidad es un inhóspito centro de detención: una plancha de cemento enrejada y sin ventanas. Un video que ha circulado ampliamente muestra cómo un agente del INM y un efectivo de seguridad privada abandonan a los detenidos encerrados bajo llave. Estos lugares han sido denunciados por organizaciones de la sociedad civil como entornos torturantes. Según esas ONG, algunas de las víctimas eran hombres que habían sido sustraídos de los cruceros en un operativo conjunto entre la policía municipal y las autoridades federales.
Tal persecución es el resultado de presiones por parte de las cámaras empresariales que con insistencia han demandado acciones contra quienes solicitan apoyo en las calles e incluso de quienes se dedican al comercio informal en el centro de la ciudad. Algunos medios de comunicación se han sumado a este clima de linchamiento. Titulares como “Migrantes y ambulantes reinvaden las calles del centro” son comunes en los periódicos locales. El vocablo “invasión” permea cuanto tenga que ver con el fenómeno migratorio y criminaliza a las personas por el solo hecho de estar en situación de movilidad. Ya muertos, los revictimizan tachándolos de amotinados. Lo que ha trascendido hasta ahora es que los detenidos exigían el agua que se les había negado durante horas. Quienes se han encargado de azuzar a la ciudadanía contra venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, ecuatorianos, haitianos y colombianos, ahora derraman lágrimas de cocodrilo y ofrecen ayuda económica para sepultar a las víctimas.
El alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar ha encabezado esta embestida. Hace una semana declaró que a su gobierno se le estaba agotando la paciencia y que iba adoptar una postura más fuerte. Anunció un punto de quiebre en el tema migratorio. Esa manera de hablar refuerza y legitima los malos tratos de la policía municipal a la población en movilidad. El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte ha documentado casos de desaparición, extorsión y tortura. Las denuncias ante ese centro sostienen que las personas son llevadas a bodegas donde son sujetas a tormentos físicos y tortura sicológica. De acuerdo con los testimonios recabados, los derechos humanistas perciben rasgos de crímenes de odio. Por lo general, los perpetradores son agentes de la policía municipal.
Con sus acciones, el alcalde morenista de Ciudad Juárez parece querer ir más allá del gradual giro coercitivo del gobierno federal, iniciado en 2019 con el cambio del director general del INM. No debe extrañar. Los orígenes de su intolerancia están en el panismo xenófobo de los años 90. En esa década, la derecha promovió campañas como “ayudas más si no les das” para exhortar a los juarenses a no apoyar a las personas que pedían dinero en los cruceros. El gobierno municipal panista realizó también un operativo antimigrante en la central camionera para detener a personas “con aspecto foráneo” y regresarlas a “su lugar de origen”. Les compraban un boleto de autobús y los embarcaban de regreso sin permitirles entrar a la ciudad. Por aquellos años, el actual alcalde militaba en el PAN y trabajaba para Ramón Galindo Noriega, el artífice de lo que para ellos era una solución final al problema migratorio. El presidente López Obrador insiste en que los morenistas no son iguales a sus antecesores en el gobierno. El caso del alcalde Pérez Cuéllar ilustra que en muchos casos no solamente son iguales, sino que son los mismos.
* Profesor de la Universidad de Texas. Novelista, ensayista y traductor. Su libro más reciente es Fabular Juárez: marcos de guerra, memoria y los foros por venir. Premio Chihuahua 1995.
