Nueva York y Washington. Las políticas migratorias de Estados Unidos violan el derecho al asilo y México es cómplice al aceptar a miles de indocumentados expulsados en la frontera, todo lo cual nutrió las condiciones para la tragedia en Ciudad Juárez, consideraron defensores de inmigrantes, abogados y analistas.

El incendio en la estancia provisional de Ciudad Juárez el pasado lunes, donde murieron al menos 39 migrantes, “es consecuencia de las restrictivas y crueles políticas migratorias que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos”, declaró Amnistía Internacional este miércoles.

Agregó que las políticas migratorias de Estados Unidos y otros países de la región “son cada vez más inhumanas, haciendo casi imposible el acceso al derecho a solicitar asilo”. En un intento de frenar la migración, junto con Estados Unidos y Canadá, “las autoridades mexicanas han establecido facultades a la Guardia Nacional en materia migratoria y han militarizado las fronteras”.

La política migratoria estadunidense de los años recientes, tanto en el gobierno de Donald Trump como en el de Joe Biden, ha estado enfocada a frenar el flujo migratorio por la frontera con México, lo que ha desembocado en incidentes trágicos y violaciones a los derechos humanos en ambos lados.

Violación de derechos

Pero aspectos de estas políticas, incluyendo los que han colocado a decenas de miles de migrantes y refugiados en campamentos y centros de detención del lado mexicano, violan los derechos de esas personas, argumentan expertos y defensores legales.

“La política estadunidense bajo el llamado Título 42 (que permite expulsar migrantes a México) viola la ley sobre el asilo”, afirmó en entrevista con La Jornada Katrina Eiland, abogada del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles, la organización nacional que ha encabezado el esfuerzo legal contra la práctica de negar el ingreso a solicitantes de asilo en los gobiernos de Trump y Biden.

“La razón por la cual hay tanta gente atrapada en el norte de México es porque Estados Unidos ha clausurado el sistema de asilo”, agregó.

Pero subrayó que Estados Unidos logró ampliar el número de nacionalidades a las que les niega asilo, gracias al consentimiento de México en la expansión de ese programa. “Estados Unidos no podría haberlo logrado sin la complicidad de México en ampliar esa medida”.

Eiland indicó que la ACLU continuará batallando contra el programa “ilegal” de Biden, incluyendo nuevas versiones con otros nombres de las mismas iniciativas, que se espera serán implementadas en mayo y que, según ella, se parecen a las del gobierno de Trump.

Contra la ley de EU y la internacional

Otros expertos coinciden con esta evaluación. “Negar el ingreso de refugiados en la frontera es una violación de la letra y espíritu de la ley estadunidense y de la ley internacional sobre el estatus de refugiados”, dijo a este diario la abogada especializada en migración y profesora en la Universidad de Chicago Susan Gzesh.

La ley estadunidense de 1980 indica que los refugiados pueden pedir asilo al llegar a Estados Unidos, entren o no por un puerto de ingreso regular. También establece que “no pueden ser regresados a sus países ni a cualquier otra nación donde podrían ser perseguidos o incluso torturados”, agregó.

La profesora Gzesh indicó que, aunque la ley permite que Estados Unidos envíe refugiados a un “tercer país seguro”, México “no ha comprobado que pueda mantener condiciones seguras para refugiados y otros migrantes”.

Más aún, dijo que una pregunta pendiente es si no es tiempo para que intervenga la comunidad internacional en esta crisis: “¿Dónde está la oficina del Alto Comisionado de Refugiados de la ONU?”.

A la vez, preguntó si “Estados Unidos no tiene responsabilidad por el flujo creciente de migración desde las Américas”, al haber creado algunas de las condiciones que expulsan a la gente de sus países, por ejemplo Venezuela, con las sanciones económicas.

Impacto del Título 42

Ariel G. Ruiz Soto, analista en el Instituto de Política de Migración (MPI) en Washington, indicó a La Jornada que por ahora México sigue aceptando a personas a las que se les negó la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos bajo el Título 42, y que eso es posible porque las autoridades de ambos lados de la frontera afirman que los migrantes expulsados nunca estuvieron bajo custodia estadunidense.

Pero Ruiz alertó que no se sabe cómo justificará México la recepción de grandes números de expulsados de Estados Unidos, sin una audiencia sobre sus casos de asilo, una vez que caduque el Título 42 a principios de mayo.

“En lugar de culpar a solicitantes de asilo, migrantes o la ‘migración irregular’, Estados Unidos y México deberían poner fin a las políticas inhumanas que castigan a extranjeros y niegan acceso al asilo a gente buscando refugio”, declaró Eleanor Acer, de la organización nacional de derechos humanos Human Rights First. “La gente que busca asilo no debería de ser criminalizada y encerrada en cárceles”, concluyó.

El gobierno de Biden reiteró este miércoles que está preparado para asistir a las víctimas del incendio en Ciudad Juárez, pero evitó hacer cualquier referencia a las políticas que los expertos citaron este miércoles como responsables por las condiciones que provocaron la tragedia.

Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México declaró que “el incendio letal en el centro migratorio en Ciudad Juárez fue una tragedia evitable. Una vez más, instamos a todos los estados a adoptar alternativas a la detención de migrantes”.