Ciudad Juárez, Chih., El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien el pasado 14 de marzo advirtió que era momento de “poner un alto a los migrantes” por los actos de violencia que generaban, afirmó ayer que su administración “no tiene nada que ver” en la tragedia de la noche del lunes en la estancia provisional migratoria en esta ciudad, pues son instalaciones federales y el personal del ayuntamiento no tiene acceso.
Aseguró que el lugar estaba a cargo de personal de una empresa de seguridad privada y se desconoce si cumplieron con un plan de contingencia o si el sitio tenía salidas de emergencia, extintores y protocolos de protección civil.
“Entiendo que había vigilantes privados y servidores públicos federales, pero en esa instalación el ayuntamiento no tiene nada que ver; el gobierno municipal lo único que pudo hacer es la intervención de los bomberos, ellos apagaron el fuego”, recalcó.
Asimismo, exigió que “todo el peso de la ley” caiga “contra aquellas personas que, por ejemplo, no le abrieron la reja a los migrantes.
“Si ellos, los empleados federales, se hubieran puesto a trabajar en lugar de estar criticando de manera permanente al gobierno municipal, como lo vienen haciendo, quizá se pudo haber evitado esta tragedia”.
Agregó que de los extranjeros que estaban en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando ocurrió la conflagración, solamente siete habrían sido encontrados en cruceros viales y fueron trasladados por iniciativa de los agentes del INM. “Ellos deciden a quién detienen”, expuso.
Reclamó que “hay una campaña bien orquestada, casi para echarle la culpa al gobierno local de lo que sucedió en una instalación federal. Pero el incendio pasó en un lugar que no es del gobierno municipal y donde no tenemos nosotros acceso”.
En tanto, la Mesa de Seguridad y Justicia Ciudadana de Ciudad Juárez también solicitó revisar los protocolos y planes de respuesta a contingencias en la estancia migratoria y consideró que la falta de éstos debió ser la causa “real” de que 39 indocumentados perdieran la vida y no que los extranjeros prendieran fuego a las instalaciones.
“Los migrantes, al estar resguardados en contra de su voluntad, eran responsabilidad de la institución federal y de servidores públicos que deben pagar alguna consecuencia. Ninguna persona debe morir por causas no naturales estando en resguardo de alguna autoridad”, destacó el presidente de la mesa de seguridad, Guillermo Asiain Aguilar.
